- El 15 de noviembre próximo, fecha límite para la presentación del Paquete Fiscal 2025, será clave para que las calificadoras decidan un cambio en la calificación crediticia de México.
LUIS ALBERTO DÍAZ / AGENCIA REFORMA
MONTERREY, NL.- El 15 de noviembre próximo, fecha límite para la presentación del Paquete Fiscal 2025, será clave para que las calificadoras decidan un cambio en la calificación crediticia de México y con ello si le mantienen o no el grado de inversión, indicaron especialistas.
“Creo que en ese momento es probable las propias agencias calificadoras emitan opiniones al respecto y señalen, dependiendo de cómo se mande el paquete económico, sus intenciones de reducir o no la calificación crediticia del Gobierno mexicano; yo creo que se están esperando a ese momento para definir cómo procederían”, dijo Diego Díaz, coordinador de finanzas públicas del Imco.
Luis de la Calle, ex Subsecretario de Negociaciones Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía, coincidió en que esa fecha será clave para que los mercados financieros y las calificadoras de riesgo le crean o no al Gobierno de la Presidenta, Claudia Sheinbaum, que reducirá su déficit público del actual 5.9 a un 3.0 por ciento del PIB.
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“Los mercados lo que van a ver es cómo se configura el presupuesto para Pemex y CFE y qué señales mande esa configuración en el sentido de si contempla la apertura a la inversión privada”, expuso.
Una de las tres grandes calificadoras, Fitch Ratings, tiene a México apenas un escalón dentro del grado de inversión, por lo que una baja de su calificación degradaría al País a grado especulativo. Las otras dos, S&P y Moody’s, tienen al Gobierno federal dos grados adentro.
Díaz, del Imco, advirtió que si las agencias rebajan a grado especulativo sus calificaciones crediticias, inversionistas institucionales, como fondos de pensiones, tendrían que desinvertir en bonos del Gobierno mexicano.
“Para este año se prevé que habrá un desproporcionado crecimiento del gasto público en comparación con los ingresos”, apuntó.
El experto señaló que no es suficiente la estrategia de combate a la evasión fiscal, sino que es necesario ir mas allá y plantear una reforma fiscal.
“Las presiones son muchas por los compromisos que asumió la Presidenta electa para la provisión de programas sociales; y sus promesas de campaña son bastante onerosas, como las asistencias para mujeres de entre 60 y 64 años”, apuntó.
Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero Base, coincidió en que si México pierde el grado de inversión habría una rápida salida de capitales porque algunos fondos ya no podrían invertir en deuda del Gobierno mexicano.
Señaló que no sólo al Gobierno le costaría más financiarse, sino que el mayor riesgo y tasa de interés también se trasladaría a las empresas, por lo que verían impactadas sus finanzas.
“Normalmente cuando existe un recorte en la calificación crediticia de la deuda soberana también se hacen recortes en las calificaciones de las empresas”.
Para Marco Antonio Pérez Valtier, socio del despacho Pérez Góngora y Asociados, el aumento de la tasa de interés a pagar por deuda que colocara el Gobierno en mercados internacionales sería de entre 100 y 200 puntos base.
Siller añadió que para poder financiar sus actividades, luego el Gobierno se vería presionado a implementar una reforma fiscal, con aumentos de impuestos.
Estimó que la degradación empujaría al tipo de cambio por arriba de los 22 pesos y esto provocaría mayor inflación.
“Para los ciudadanos va a implicar unas finanzas más comprometidas”, expuso.
Pérez Valtier planteó la probabilidad de que el País caiga en una estanflación, que consiste en un estancamiento de la economía con alta inflación.
