- La fracción de Morena en el Congreso del estado presento la iniciativa.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- A través de la creación de un nuevo Tribunal de Justicia Administrativa y Anticorrupción para Quintana Roo, así como su Ley Orgánica, el grupo parlamentario de Morena apunta a establecer un combate frontal y real contra la corrupción en el estado.
Los legisladores de Morena presentaron ante el Congreso del estado una iniciativa, y apuntan a sustituir el cuestionado e impugnado Tribunal de Justicia Administrativa, creado entre 2017 y 2018 por la XV legislatura, con mayoría del PAN y el PRD a propuesta del entonces gobernador Carlos Joaquín González, y que ha tenido nulos resultados.
Se trata de un nuevo Tribunal, contemplado en las recientes reformas constitucionales en materia de combate a la corrupción, enmarcados en el Plan Estatal de Desarrollo 2023-2027.
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Y en caso de aprobarse se daría la sustitución de todos los magistrados actuales del Tribunal de Justicia Administrativa, vinculados políticamente con el “joaquinismo”. Así lo confirmó el diputado Omar Rodríguez, de la Comisión de Órganos Autónomos.
La iniciativa fue leída y enviada a Comisiones este jueves por los integrantes de la diputación permanente del Congreso del estado, y tiene como objetivo alinearse al eje 5 del citado Plan de Desarrollo del gobierno de Mara Lezama, respecto a consolidar políticas en materia de transparencia, acceso a la información y combate a la corrupción, y permitir el fortalecimiento de la administración pública.
En el documento se cuestiona la tardía creación de un tribunal de este tipo, a pesar que desde 1987 la Constitución estatal establecía la existencia del Tribunal de lo Contencioso y del Tribunal Administrativo, dotados de autonomía para combatir la corrupción
“El gobierno de la transformación está comprometido a colaborar estrechamente con la sociedad para abordar eficazmente los desafíos que representa el fenómeno de la corrupción, administrando la justicia y garantizando la seguridad, legalidad y certeza jurídica, con perspectiva de derechos humanos”, se lee en la iniciativa.
La propuesta contempla una Ley Orgánica de 10 títulos, 103 artículos y cinco transitorios, que regularán la integración y el funcionamiento del nuevo tribunal.
En ellos se plantea la conformación del Pleno del Tribunal con cinco magistrados, que elegirán entre sí a un presidente, con una duración de cinco años y con posibilidad de continuar por un periodo más del mismo lapso.
Así como la atención de los asuntos que se reciban a través de tres salas especializadas; de responsabilidades administrativas y combate a la corrupción; en materia fiscal y tributaria, y en materia de medio ambiente.
En 2022, a través de la sentencia para un juicio de amparo, promovido por la exfuncionaria “borgista” Claudia Romanillos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró la ilegalidad en la creación de ese Tribunal de Justicia Administrativa y la elección de sus integrantes, actualmente presidido por Antonio Villalobos Carrillo, exconsejero jurídico en la administración de Carlos Joaquín González.
