- La Suprema Corte de Justicia inició este jueves el último año de la era que comenzó en 1995, sometida a una reforma que repudia las últimas tres décadas de su historia.
VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia inició este jueves el último año de la era que comenzó en 1995, sometida a una reforma que repudia las últimas tres décadas de su historia y la deja en calidad de colaboradora de una elección de jueces federales por voto popular.
El miércoles, varios ministros y ministras declinaron comentar sobre lo ocurrido el martes en el Senado y su futuro inmediato, que incluye una reducción de 42 por ciento de sus ingresos anuales de 3.3 millones de pesos netos, para quedar en los 1.9 millones que percibe el presidente de la República.
A diferencia de la reforma de Ernesto Zedillo, que removió a los 26 ministros en funciones a finales de 1994, para designar de inmediato a los 11 relevos, la reforma de Andrés Manuel López Obrador requiere que los actuales ministros se mantengan en el cargo hasta el 31 de agosto de 2025, pues la elección judicial será en junio.
Diez de los once tendrán que elegir, hacia mediados de octubre, si participan en la elección o si renuncian, pero se quedan en el puesto hasta agosto, lo que les dará derecho a cobrar el haber de retiro, proporcional al tiempo que laboraron en la Corte.
La ministra Margarita Ríos Farjat ya adelantó que no renunciará, pues considera indigna esta opción, y seguirá en su puesto para no dejarlo vacante. Otros podrían seguir este camino, pero también podrían renunciar desde ahora, poniendo en riesgo la operatividad de la Corte, que inició 2024 con 2 mil 200 asuntos pendientes de sentencia.
La situación del expresidente Luis María Aguilar, quien se retira el 30 de noviembre, es distinta.
Los transitorios de la reforma lo excluyen de la posibilidad de acceder al haber de retiro. Es el único de los once al que no se le da este derecho, luego de una carrera judicial de más de 50 años.
Aguilar puede intentar su renuncia inmediata, antes de que se publique la reforma, pero el Senado podría rechazarla.
Una vez publicada la reforma, la Corte tendrá que colaborar con la elección de 2025, instalando un Comité de Evaluación y postulando hasta tres candidatos para los nueve puestos de la propia Corte, 17 magistraturas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y cinco del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, así como dos candidatos para cada uno de los 830 cargos de jueces y magistrados federales.
Este proceso absorbería buena parte del tiempo de la Corte, que aún puede dar algunos golpes a la 4T en los siguientes dos meses y medio, cuando seguiría existiendo —salvo renuncias anticipadas—, la mayoría de ocho necesaria para invalidar leyes.
El más importante sería la orden a todos los jueces del país para inaplicar la prisión preventiva oficiosa, expediente que el Pleno ha aplazado desde enero.
Los ocho también podrían anular una docena de leyes aprobadas en el Senado en abril de 2023, entre ellas, la que creó el IMSS-Bienestar.
Irónicamente, la actual Corte también tendría que resolver, con trato prioritario por ser materia electoral, acciones que la oposición promueva contra las leyes secundarias de la reforma judicial, que el Congreso tendrá 90 días para emitir.
Cualquier fallo adverso, sin embargo, sería rápidamente contrarrestado por las amplias mayorías de Morena en el Congreso, donde incluso puede elevar a la Constitución programas o políticas públicas importantes para el gobierno, para protegerlos de decisiones judiciales.
Muchas otras impugnaciones contra reformas del actual sexenio quedarán para la nueva Corte, y podrían pasar años para que sean resueltas.
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