- Genaro García Luna escribió una carta desde la cárcel donde está recluido en EU.
IRIS VELÁZQUEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- En una carta pública, el exsecretario de Seguridad Pública en la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa, Genaro García Luna, trata de vincular al presidente Andrés Manuel López Obrador y sus operadores con líderes del narcotráfico.
El escrito, de cuatro páginas y con fecha del 13 de septiembre de este año, fue filtrado por su abogado.
En las líneas escritas a mano por quien lleva preso 58 meses en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), defiende su inocencia, acusa pruebas fabricadas por el actual gobierno de México y supuestos vínculos de López Obrador con cárteles.
“Es de conocimiento público y está en los registros federales de México y EUA, los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes de narcotráfico y sus familias; en particular, con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio.
- Relevan en Sinaloa a titular de SSP
- Rebasa el costo de cena a inflación
- Alertan sobre prohibir maíz transgénico
“Quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico. Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael Zambada ‘Mayo’ Zambada, la carta escrita por él donde señala los vínculos del actual gobierno con él y el narcotráfico, la posición del gobierno de México contra la captura del capo y el desmantelamiento del Poder Judicial de México (jueces, magistrados, ministros, Corte), cuyos principales beneficiarios son los criminales.
“Hechos ratificados con la pausa-suspensión de las relaciones oficiales entre México y EUA, decretada por el actual presidente de México debido a la postura de EUA ante estos hechos”, expuso García Luna en su interpretación de esos acontecimientos.
García Luna indicó que, desde su detención en diciembre de 2019, en el exterior del departamento que rentaba en la ciudad de Irving, Texas, le fue ofrecido en reiteradas ocasiones un acuerdo con la Fiscalía de Nueva York para que se inculpara de delitos vinculados al narcotráfico a cambio de estar detenido por “poco tiempo”, es decir, seis meses.
También dijo que se le ofrecía recibir beneficios económicos si se convertía en testigo por inducción del Estado mexicano.
“No para imputar delincuentes-narcotraficantes, porque de haber sido así, no era necesaria mi detención, he combatido el crimen con sus escalas más altas toda mi carrera profesional, la perspectiva era imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitarán el desarrollo, paz pública y vida institucional del país. Evidentemente no acepté y la reacción fue explosiva”, escribió.
Según la versión del exencargado de la seguridad en México, en febrero de 2023 fue a un juicio en el que los fiscales no presentaron “una sola prueba o evidencia” que acreditara los delitos que señalaban, esencialmente los vinculados al narcotráfico.
Aseveró que no se tiene documento, fotografía, video, audio, registro de comunicación telefónico, documentos fiscales o financieros, ni cuentas bancarias o registro alguno de contacto con algún miembro del narcotráfico o su familia.
“En suma, tanto en Estados Unidos y México, los respectivos poderes judiciales resolvieron que mi patrimonio de más de 20 años es lícito, que no hay ni un solo peso-dólar vinculado al narcotráfico.
“Lo único que fue utilizado en el juicio para acreditar los delitos que me imputan fue información falsa proporcionada por el gobierno de México y los dichos de testigos con antecedentes criminales reconocidos y declarados por ellos de tortura, decapitación, secuestro, homicidio y narcotráfico que no tienen precedentes en la historia de México”, insistió.
Para García Luna, el único testigo honorable utilizado por la Fiscalía en el juicio fue la del embajador de Estados Unidos en México, a quien refirió que el acusado fue una pieza clave del gobierno de México en el combate al narcotráfico y que las reuniones sistemáticas que tenía con las agencias de seguridad e inteligencia de Estados Unidos no había recibido ningún informe que indicara que fuera corrupto o que estuviera vinculado con el narcotráfico.
“Señalando que, si esto hubiera existido, él tendría que haber sido informado y no fue así, desacreditando las declaraciones de los testigos-criminales”, apuntó.
