- Doce Congresos locales han aprobado reformas a su Código Penal.
VÍCTOR OSORIO / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El aborto voluntario está en camino de ser legal en más de la mitad de las entidades del país.
Fue despenalizado, por primera vez, por el Congreso de la Ciudad de México en 2007 y tuvieron que pasar 12 años para que sucediera lo mismo en otra entidad, que fue Oaxaca.
De 2021 a la fecha, otros 12 Congresos estatales han aprobado reformas a los códigos penales locales para dejar de considerar, con matices, el aborto voluntario como delito.
El último fue el de Michoacán, apenas el pasado 10 de octubre.
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Las otras entidades en las que se ha despenalizado el aborto voluntario son Hidalgo, Veracruz, Coahuila, Baja California y Colima, en 2021; Sinaloa, Guerrero, Baja California Sur y Quintana Roo, en 2022; Aguascalientes en 2023, y Puebla y Jalisco, en 2024.
Y en tres entidades más —Nayarit, Yucatán y Zacatecas— Tribunales colegiados han ordenado a los Congresos locales que deroguen de la legislación estatal la penalización absoluta del aborto autoprocurado.
En los casos de Aguascalientes, Coahuila y Jalisco, la despenalización ha sido resultado de resoluciones del Poder Judicial.
Hasta el primer cuatrimestre de este año se habían registrado más de 288 mil interrupciones legales del embarazo a nivel nacional.
Camila Riva Palacio, investigadora jurídica del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), advierte que en Aguascalientes se ha vuelto a penalizar de facto con una contrarreforma aprobada por el Congreso estatal en agosto pasado.
Justo un año antes, el 30 agosto de 2023, recuerda en entrevista, la Suprema Corte de Justicia resolvió un amparo presentado por GIRE y ordenó al Congreso estatal derogar el delito de aborto autoprocurado.
En diciembre de ese mismo año, el Congreso dio cumplimiento a la orden y despenalizó el aborto hasta las primeras 12 semanas de gestación.
Sin embargo, en agosto de este año el propio Congreso de Aguascalientes aprobó la reducción 12 a 6 semanas en el plazo en el que está permitido abortar por voluntad de la mujer o de la persona gestante.
“Para el GIRE esto es una penalización de facto y es una barrera muy importante para el acceso al aborto, porque lo limita a un plazo en el que la mayoría de las mujeres no saben todavía que están embarazadas”, señala Riva Palacio.
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