- Las irregularidades en las que incurrió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el caso de Banco Ahorro Famsa deben ser investigadas.
ABEL BARAJAS / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Las irregularidades en las que incurrió la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) en el caso de Banco Ahorro Famsa deben ser investigadas, aseguraron 181 inversionistas, quienes anunciaron que turnarán el litigio por fraude al Poder Judicial.
El grupo de inversionista aseguró que la CNBV pudo haber evitado daños por 832 millones 90 mil 484 pesos, pero ordenó tarde la intervención gerencial del banco.
Ante esto, dijeron que presentarán una reclamación de indemnización por Responsabilidad Patrimonial del Estado, pero como anticipan que la Comisión negará su responsabilidad, trasladarán el litigio primero al Tribunal de Justicia Administrativa y luego al Poder Judicial.
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En entrevista, el abogado Enrique Ostos explicó que la CNBV tenía la información de la situación de riesgo desde, por lo menos, nueve meses antes de que se le revocara la licencia para operar como banco e intervenirlo.
“De haber ejercido oportunamente sus deberes de supervisión, vigilancia y protección al público contratante, la CNBV no hubiera generado un daño patrimonial de más de 900 millones de pesos”, aseguró Ostos.
El abogado agregó que Famsa se encuentra en un procedimiento de concurso mercantil, por lo que aún no cuenta con una sentencia que la declare en quiebra.
Y es que el mismo grupo de inversionistas denunció anteriormente a Famsa y a su consejo de administración ante la FGR, por presuntamente ocasionar con su administración indebida, la revocación del permiso para operar como institución de banca múltiple y un quebrante de más de 880 millones de pesos.
En la denuncia, los inversionistas expusieron que los ejecutivos del banco, con ayuda de auditores internos y externos, alteraron sus estados financieros para aparentar que contaban con un capital contable, que le hubiera permitido hacer frente a sus obligaciones.
escalan-pugna-por-el-caso-famsaOstos informó que estas indagatorias no han tenido ningún avance en la FGR, autoridad que, aseguró, no ha llamado a declarar a los integrantes del Consejo de Administración, pese a que esta indagatoria tiene ya cuatro años.
“No se ha integrado la carpeta de investigación, primero vino la pandemia y después los cambios de sede de la FGR, de Insurgentes a Santa Fe; y no exagero, mínimo van 7 Ministerios Públicos encargados de la investigación, e incluso cambiaron al jefe de la Unidad Investigadora”, dijo.
En Nuevo León, un grupo diverso de 10 inversionistas denunció ante la Fiscalía Estatal a Humberto Garza Valdez y su hijo Humberto Garza Garza, parte de la familia propietaria; Luis Gerardo Villarreal Rosales, director general de Grupo Famsa, y Jesús Eduardo Muguerza Garza, exdirector general de Banco Ahorro Famsa.
Este caso sí llegó ante los tribunales, pero in juez local decidió no vincularlos a proceso por un supuesto fraude de 217 millones 445 mil 184 pesos, al estimar que no había elementos.
RECURSO LEGAL
En el recurso legal presentado por los 181 inversionistas explica que, desde septiembre de 2019, Banco Ahorro Famsa ya no cumplía con el índice de capitalización mínimo requerido y no implementó acciones para restablecerlo, hecho que debió supervisar la Comisión.
Fue hasta el 30 de junio de 2020 cuando la CNBV revocó la autorización a la financiera regiomontana para operar como banco y al día siguiente finalmente fue intervenida por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), que inició el proceso de liquidación.
“La CNBV incurrió en un funcionamiento anormal, dado que omitió implementar la medida precautoria prevista en el artículo 129 de la Ley de Instituciones de Crédito (intervención gerencial), incumpliendo sus obligaciones de inspección y vigilancia, ello a pesar de haber iniciado el proceso de revocación de licencia”, dice la demanda suscrita por Enrique y Jaime Ostos Garza.
Esta demanda fue presentada luego de que hace algunas semanas la Suprema Corte de Justicia dejara firme la sentencia de un tribunal colegiado, que ordenó indemnizar a una inversionista de Famsa, que también interpuso una reclamación de responsabilidad del Estado.
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