- La Cámara de Diputados aprobó ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pero excluyó narcomenudeo y defraudación fiscal.
MARTHA MARTÍNEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pero excluyó narcomenudeo y defraudación fiscal que, de acuerdo con expertos, abría la puerta para llevar a la cárcel a presuntos sospechosos sin demostrar su culpabilidad.
Inicialmente, el dictamen consideraba los delitos de extorsión, actividades relacionadas con el fentanilo, con comprobantes fiscales falsos, narcomenudeo y defraudación fiscal.
Pero tras una reserva presentada por el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, el Pleno avaló eliminar de la reforma el narcomenudeo y la defraudación fiscal con el objetivo, dijo el legislador, de darle un tratamiento social al primero y de actuar con responsabilidad en el caso del segundo.
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“Necesitamos unidad nacional. He hablado y varios de nosotros hemos hablado con los sectores económicos del país, y hoy Morena actúa con responsabilidad, el PT actúa con responsabilidad, el Partido Verde actúa con responsabilidad, por eso, los integrantes de este movimiento planteamos que ahora se excluya la defraudación fiscal como delito grave con prisión preventiva oficiosa”, indicó.
La reserva de Morena plantea también considerar como actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y las drogas sintéticas la introducción, desvío, producción, preparación, enajenación, adquisición, importación, transportación, almacenamiento y distribución de precursores químicos y de sustancias químicas esenciales.
Durante la discusión, el diputado Pablo Vázquez Ahued (de Movimiento Ciudadano) advirtió que la ampliación de la prisión preventiva refuerza un incentivo perverso que ha obstaculizado la mejora en el desempeño de las Fiscalías y de los Ministerios Públicos.
Detalló que, del total de la población privada de la libertad en el país, 45 por ciento lo está bajo esta figura, mientras que en el sexenio que acaba de concluir, la población en prisión preventiva oficiosa aumentó 25 por ciento, de 75 mil a alrededor de 100 mil personas, sin que eso signifique una reducción en la incidencia delictiva y la violencia.
“Si su aplicación no tiene ningún impacto en la reducción de los delitos, entonces hay que preguntarnos para qué sirve la prisión preventiva oficiosa y a quienes se está encarcelando con este instrumento”, llamó.
El priista César Alejandro Domínguez recordó que antes de 2019, el artículo 19 constitucional consideraba sólo seis tipos penales, pero actualmente ascienden a 22.
Recordó que se comprometió la evaluación de esta figura al quinto año de su entrada en vigor para determinar su continuidad o no, pero el plazo venció en abril pasado sin que se diera a conocer informe alguno.
Annia Gómez, del PAN, recordó que la prisión preventiva oficiosa es contraria a la legislación internacional y advirtió que la ley dicta que las personas se mantengan en la cárcel hasta que demuestren su inocencia.
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