- Crece el robo y tráfico de cargamentos de oro, plata, zinc y plomo; senadora de Zacatecas pide seguridad.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- En México, la industria minera no solo produce metales y minerales; también parece generar un floreciente y oscuro negocio paralelo: el robo y tráfico de minerales, operado en gran parte por el crimen organizado. La situación ha llegado a niveles alarmantes. Tan solo en el último año, robos de cargamentos de metales preciosos en carreteras y minas han sido encabezados por comandos armados, y se estima que la industria pierde hasta el 20% de su producción anual, es decir, aproximadamente 2,200 millones de dólares.
La senadora Geovanna Bañuelos, representante de Zacatecas, uno de los estados mineros más importantes del país, ha alzado la voz. En un punto de acuerdo presentado en el Senado, solicitó la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y las autoridades locales para reforzar la seguridad en la carretera federal 54, que conecta Zacatecas con Saltillo. Esta carretera, por donde transitan a diario tractocamiones cargados de minerales, se ha convertido en una ruta de alto riesgo y, en algunos tramos, prácticamente una zona de libre operación para grupos criminales.
Bañuelos también hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para establecer controles permanentes en los accesos a las minas, con la intención de garantizar la protección de los trabajadores, así como de las instalaciones. El objetivo es prevenir los constantes asaltos a los vehículos de transporte de carga, que muchas veces se ven forzados a cruzar por rutas remotas, donde la intervención de la autoridad es casi inexistente.
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Negocio rentable
La minería en México ha atraído tanto a empresas extranjeras como a grupos del crimen organizado, que ven en los minerales una forma de diversificar sus operaciones. El robo de minerales es más que un simple acto delictivo: representa una forma rentable de transacción entre los cárteles mexicanos y redes internacionales. Al vender oro, plata y otros minerales en el mercado negro, los grupos criminales logran lavar su dinero y, en algunos casos, se estima que utilizan estos materiales como moneda de cambio en transacciones con otras organizaciones transnacionales.
Ejemplos de estos delitos abundan: en abril de 2015, un comando armado robó 7,000 onzas de oro de la mina El Gallo 1 en Sinaloa, operada por la compañía canadiense McEwen Mining; y en 2019, la minera Telson Mining Corp denunció un esquema complejo de robo de zinc y plomo en su mina Campo Morado, en Guerrero. Estos casos son solo la punta del iceberg, pues se calcula que existen decenas de robos menores que no se denuncian o que no llegan a conocimiento público.
El caso más reciente y uno de los mayores robos registrados ocurrió el 31 de octubre de 2024, cuando seis tractocamiones cargados de mineral concentrado fueron interceptados por sujetos armados en la carretera federal 54, a la altura de San Tiburcio, en Mazapil, Zacatecas. Los vehículos, que transportaban alrededor de 200 toneladas de oro, plata, zinc y plomo, eran propiedad de la trasnacional estadounidense Newmont, que opera la mina Peñasquito, una de las más grandes del país. Este hecho volvió a poner sobre la mesa la vulnerabilidad del sector y los enormes riesgos para sus trabajadores.
Pérdidas millonarias, consecuencias sociales
Las pérdidas financieras que enfrenta la industria minera en México son cuantiosas, pero los efectos del crimen organizado van más allá de lo económico. La violencia en las zonas mineras ha incrementado el desplazamiento de familias y la destrucción de tierras y recursos naturales. Entre 2008 y 2012, la antigua Procuraduría General de la República registró al menos siete averiguaciones por robos de cargamentos en zonas mineras de Sonora, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí y Zacatecas.
Para los conductores y empleados de estas empresas, la situación es cada vez más crítica. Constantemente expuestos a ataques armados y secuestros, los trabajadores de la industria minera deben enfrentar un riesgo elevado, al igual que sus familias, quienes dependen de un ingreso cada vez más inseguro. La falta de seguridad no solo desmotiva a inversionistas, sino que también ahoga el desarrollo económico de las regiones mineras, que dependen de esta industria para prosperar.
Ante esta crisis, Geovanna Bañuelos ha solicitado también a la Secretaría de Economía que diseñe mecanismos para certificar la procedencia legal de los minerales exportados, ya que, al no existir un control claro, se facilita la entrada de minerales obtenidos de manera ilegal en los mercados internacionales. La senadora recalca que la falta de coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la seguridad privada agrava la situación, dejando amplias áreas sin una protección efectiva y permitiendo que el crimen organizado expanda su influencia.
El sector minero en México, al igual que los metales que produce, está atrapado en una encrucijada. Por un lado, se trata de una de las actividades más rentables para el país, y por otro, es cada vez más asediado por el crimen organizado, convirtiéndose en un símbolo de los retos de seguridad y gobernabilidad que enfrenta México.
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