- Combatir la impunidad en materia de extorsión debería ser un factor que debe considerarse antes de aumentar las penas por este delito.
EDUARDO CEDILLO / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Combatir la impunidad en materia de extorsión debería ser un factor que debe considerarse antes de aumentar las penas por este delito.
Así lo consideró el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano en el Congreso local, Royfid Torres, al señalar que estrategias positivistas no son la solución para afrontarlo.
“Lo que tenemos que combatir es la impunidad, que lleguen a los ministerios públicos, que haya carpetas bien integradas que se puedan sostener en los procesos judiciales y que haya un castigo al final”, enfatizó.
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Ayer, el Secretario de Gobierno de la Capital, César Cravioto, y la Consejera Jurídica, Eréndira Cruzvillegas, entregaron una iniciativa que busca modificar diversos artículos del Código Penal.
Plantea una sanción de 10 a 15 años de prisión y de 2 mil a 3 mil Unidades de Medida y Actualización a quien pretenda obligar u obligue a otro a hacer, dejar de hacer o tolerar cualquier acción u omisión con el propósito de obtener un beneficio de cualquier clase.
Se plantean 16 agravantes del delito, como que sea cometida por servidores públicos o que se realice a través de menores.
Cada una incrementará la pena al doble; es decir, se podría sancionar con 30 años de prisión o más.
“Para el Gobierno de la Ciudad de México, atender un tema que le duele tanto a los capitalinos es fundamental”, dijo Cravioto.
El coordinador emecista celebró que la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, tenga interés en combatir el delito de extorsión, pero subrayó que no sólo se combaten los delitos aumentando las sanciones.
“Toda esta cadena está completamente desconectada, si tenemos índices de impunidad de más del 90 por ciento quiere decir que este sistema no está funcionando. Me parece que el hecho de aumentar las penas o generar mayores consecuencias por sí solo no resuelve”, explicó.
Detalló que es necesario mejorar la construcción de los casos y enfocarse en las denuncias.
“Hay que ponerle mucha atención a la denuncia, finalmente ante este delito, cuando conocen tu ubicación, conocen tu negocio, conocen tusa datos, efectivamente vulnera más la seguridad y eso inhibe la denuncia”, apuntó.
Por su parte, el diputado Diego Garrido, vicecoordinador de Acción Nacional, afirmó que elevar la pena impide que los señalados salgan bajo fianza y celebró que el delito sea perseguido de oficio.
“Se necesita inteligencia policial y que la investigación sea verdaderamente puntual en el sentido de que aumentar pena es uno de los elementos, pero lo más importantes es que si alguien denuncia, sea bien atendido y se le dé seguimiento”, consideró.
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