- Apuntala ministra Lenia Batres transformación hacia un Poder Judicial que proteja a los más vulnerables.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En el centro de una transformación inédita en el Poder Judicial Federal (PJF), la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, se ha convertido en una figura clave en la lucha interna por desmantelar un sistema de privilegios que durante décadas benefició a intereses particulares.
El pasado viernes, en el Foro Cosmos, Batres participó en una reunión con organizaciones sociales donde reflexionó sobre el papel que el PJF desempeñó durante el periodo neoliberal, un capítulo oscuro en el que las decisiones judiciales favorecieron a grupos económicos y políticos en detrimento de la mayoría de la población.
“Durante años, el Poder Judicial avaló reformas constitucionales y legales contrarias a los intereses del pueblo, sin siquiera ponerlas en duda”, afirmó la ministra ante líderes como Jaime Rello, de la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), y Benito Colín, del Movimiento Urbano Popular.
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La ministra Batres hizo un recuento de los casos más emblemáticos que ejemplifican cómo la SCJN, bajo el control de un sistema diseñado para proteger intereses privados, respaldó medidas profundamente lesivas para el país. Uno de los más graves fue la Ley Minera de 1992, que permitió la concesión de más del 60% del territorio nacional a empresas, muchas de ellas extranjeras. Estas disposiciones legales facilitaron la expropiación de ejidos y tierras comunales, configurando lo que Batres calificó como “un Robin Hood al revés”.
Otro ejemplo fue la reforma a los sistemas de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que privatizó áreas clave como guarderías, laboratorios clínicos y tratamientos médicos. Estas reformas fueron impulsadas sin considerar el impacto en los derechos sociales, reflejando una justicia subordinada a los intereses económicos.
En la Ciudad de México, Batres señaló la mala utilización de la Norma 26, que permitió liberar indiscriminadamente el uso de suelo, incrementando la especulación inmobiliaria y desplazando a comunidades enteras. Este patrón de decisiones, recordó, era parte de una estrategia mayor que consolidó un sistema judicial que protegía a grupos privilegiados.
Sin embargo, la ministra destacó que esa etapa comienza a cerrarse. En la sesión del pasado 5 de noviembre, la SCJN desechó acciones de inconstitucionalidad que buscaban frenar los cambios en el PJF. Para Batres, esta victoria es mucho más que un simple triunfo técnico: representa una transformación estructural en la justicia mexicana.
“Es un triunfo histórico. Esta es la única reforma que modifica la integración, funcionamiento y finalidades mismas del Poder Judicial desde el México independiente”, subrayó. La ministra aseguró que estas modificaciones no solo buscan eliminar privilegios, sino que también representan una oportunidad para construir un sistema judicial que priorice la justicia social sobre los intereses particulares.
El desmantelamiento de los beneficios creados en 1994, cuando el PJF se transformó en tribunal constitucional bajo un acuerdo entre PRI y PAN, es una de las principales batallas de Batres. Aquella decisión, según explicó, permitió a estos partidos colocar a personajes leales a sus intereses en los cargos más relevantes del Poder Judicial, consolidando una estructura que perpetuó la dominación de las élites económicas en el periodo neoliberal.
En la reunión, líderes sociales reconocieron el papel crucial de la ministra en este proceso. Jaime Rello y Benito Colín coincidieron en que la reforma judicial es una oportunidad histórica para romper con décadas de injusticia y opacidad, destacando que figuras como Batres son esenciales para garantizar que el cambio sea profundo y duradero.
Con un enfoque claro en la justicia social, consideraron, Lenia Batres se posiciona como una de las principales protagonistas de una transformación que no solo busca corregir los excesos del pasado, sino también sentar las bases para un México donde el sistema judicial sea un verdadero garante de derechos para todas y todos.
