- El Tribunal Electoral determinó que el Senado y el INE deben continuar con la organización de la elección del Poder Judicial.
ÉRIKA HERNÁNDEZ / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- Por tres votos contra dos, el Tribunal Electoral determinó que el Senado y el INE deben continuar con la organización de la elección del Poder Judicial.
Los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata determinaron que las suspensiones de jueces sobre frenar, no tienen efectos sobre el proceso electoral, pero, aclararon, no se están metiendo en el fondo de esas resoluciones judiciales.
Esto facilita que el próximo miércoles, como lo había anunciado Guadalupe Taddei, el INE reactive la organización de la elección, instalando la comisión a cargo.
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“El Senado de la República, el Instituto Nacional Electoral y las demás autoridades competentes deben continuar con las etapas del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025, por tratarse de un mandato expresamente previsto en la Constitución general.
“Por lo que ninguna autoridad, poder u órgano del estado pueden suspender, limitar, condicionar o restringir las actividades relativas a las etapas del proceso electoral extraordinario 2024-2025 para la elección de cargos en el Poder Judicial de la Federación”, establece la sentencia aprobada.
Esto al resolver impugnaciones sobre la emisión de la convocatoria e insaculación de cargos a elegir por del Senado y los trabajos de organización del INE.
La elección de 881 cargos del Poder Judicial, programada para el 1 de junio del 2025, lleva detenida 56 días, ante más de 500 suspensiones y amparos emitidos por jueces, que advierten multas y cárcel si hay desacato.
Al defender su propuesta, Felipe Fuentes afirmó que los jueces no pueden frenar un proceso electoral, porque no tienen atribuciones, por lo que el Tribunal Electoral debe quitar los obstáculos que tiene el INE para continuar con el proceso.
“Un proceso electoral no puede ser interrumpido por ninguna autoridad, porque se encuentran en juego los valores y criterios que inspiran la renovación de los cargos públicos”, añadió.
En el mismo sentido se pronunció Felipe de la Mata.
“Resulta inviable constitucionalmente que a partir de medidas suspensivas o cautelares se pretenda se genere una situación de incertidumbre y afectación generalizada del proceso electoral”, dijo.
La presidenta de la Sala Superior, Mónica Soto, consideró que si el Tribunal Electoral no interviniera en dar medidas de protección al INE para continuar con el proceso, no tendría caso que existiera la Sala Superior.
Los magistrados Janine Otálora y Reyes Rodríguez votaron en contra al argumentar que debían esperar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre las suspensiones de jueces.
“La decisión (de darle luz verde al INE) contribuirá a continuar enrareciendo este entramado litigioso alrededor de la reforma de la materia del poder judicial”, afirmó Otálora.
Mientras que para Reyes se extralimitó la competencia de la Sala Superior.
“Esa determinación es equivalente a validar o invalidar los efectos de resoluciones dictadas por sus juzgados de distrito. Involucrar al pleno en ese proceso es particularmente grave, porque implica no atender la división competencial dentro del sistema legal mexicano”.
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