- En la llamada zona limítrofe, los habitantes de localidades como Carmen II preparan nuevos juicios para obtener el servicio de agua potable.
EUGENIO PACHECO
CHETUMAL, Q. ROO.- Existe un significativo retraso en el cumplimiento de las sentencias emitidas desde 2019 por parte del Poder Judicial de la Federación, para ordenar al gobierno del estado en la administración de Carlos Joaquín González y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA), en cuanto a dotar de agua potable a las localidades Guillermo Prieto, Caña Brava y Felipe Ángeles, ubicadas de la zona en litigio con Campeche.
A la fecha, y a cinco años de iniciarse los trabajos con una inversión total estimada en 200 millones de pesos, tienen un avance apenas del 30 por ciento.
Se ha perforado un pozo en la localidad de Dos Aguadas, se ha construido 15 de los 50 kilómetros del acueducto programado, una cisterna de almacenamiento de 150 mil litros en Guillermo Prieto, y la red de distribución domiciliaria en Caña Brava.
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El abogado y representante de los habitantes de la zona, Andrés Blanco Cruz, aseguró que son poco más de 7 mil los habitantes, en nueve comunidades de la llamada zona limítrofe que esperan se concluya la obra, y puedan tener a disposición agua potable suficiente y permanente.
Actualmente a los pobladores de Guillermo Prieto, Caña Brava y Felipe Ángeles, por el mismo mandato judicial que ordenó la obra que se realiza, se les surte con pipas suficientes cuando menos dos veces por semana; mientras en las otras seis comunidades siguen usando agua de los jagüeyes y la que acumulan durante las lluvias.
Explicó que esta obra beneficiará a los habitantes de cuando menos nueve localidades, al estar ubicadas por donde pasará el acueducto desde el pozo de Dos Aguadas, con rumbo a la zona de las tres localidades con sentencia favorable, y esperan que en este 2025 se cuente con el dinero suficiente para culminar esa obra hidráulica.
“Sólo son tres comunidades ya mencionadas las que promovieron juicios y tienen sentencia definitiva a su favor, sin embargo, el proyecto contempla a nueve comunidades, porque el acueducto pasa por sus pueblos y sería ilógico que no se aprovecha y se conecten a la red de distribución”, explicó.
Lamentó que, desde inicios de octubre, han tratado de lograr una audiencia con las autoridades de CAPA en Othón P. Blanco o de la Dirección General, sin embargo, no han sido recibidos, con el argumento de una agenda saturada por audiencias con la misma población.
En la llamada zona limítrofe, los habitantes de otras localidades, como Carmen II, preparan nuevos juicios para obtener también el servicio de agua potable, al conocer que desde 2018 en San Antonio Soda y Caobas, también por la vía de sentencia jurisdiccional, se les doto con una inversión de 50 millones de pesos.
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