- Con 80 votos a favor y 37 en contra, Senado aprueba alza de impuestos a la industrias minera y turística de cruceros.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- El Salón de Plenos del Senado de la República se convirtió en el epicentro de un debate tan intenso como polarizado. El dictamen de la reforma a la Ley Federal de Derechos encendió los ánimos entre oficialismo y oposición, reflejando la profunda fractura ideológica que domina el panorama político nacional.
Desde el primer momento, el senador Mario Vázquez Robles, del PAN, se lanzó al ataque con una crítica contundente al “centralismo agobiante” que, según él, Morena ha impuesto desde el gobierno federal. Con tono enérgico, acusó al oficialismo de desmantelar los estados y municipios al concentrar recursos y decisiones en manos de la Federación.
“Han eliminado fondos clave como el Metropolitano y el Fortaseg, dejando a los municipios sin herramientas para infraestructura y seguridad”, declaró. Vázquez Robles señaló que el aumento en los derechos mineros –de 7.5% a 8.5% en el especial y de 0.5% a 1% en el extraordinario– es un golpe directo a las regiones mineras, ya que estos recursos “se irán a la bolsa federal, sin retorno claro para las comunidades afectadas”.
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Con un cierre contundente, afirmó: “No seremos cómplices de este atropello a la autonomía estatal y municipal. Acción Nacional votará en contra”.
Por su parte, la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, también del PAN, calificó la reforma como un acto de “populismo fiscal” y criticó el cobro del nuevo impuesto a los cruceristas. “Cobrar 860 pesos a pasajeros que apenas están 6 horas en puertos como Cozumel es un despropósito. Los cruceros podrían abandonar nuestras costas, dejando a miles de familias sin ingresos”, advirtió. Con cifras en mano, recordó que en 2023, Cozumel recibió más de 6 millones de cruceristas, una derrama económica que ahora, según ella, Morena pone en riesgo con “guardaditos para su Tesorería”.
Posición de izquierda
La senadora Geovanna Bañuelos, del PT, respondió con un llamado apasionado a la justicia social. Desde la tribuna, defendió la propuesta como una herramienta para “reivindicar a las comunidades olvidadas por siglos”.
“¿Cómo es posible que las empresas mineras acumulen ganancias exorbitantes mientras los municipios donde operan siguen en la marginación?”, cuestionó, subrayando que Zacatecas, su estado, ha aportado millones en riqueza minera sin recibir una retribución justa. Su propuesta de destinar el 85% de los derechos mineros a obras de bienestar en comunidades mineras fue aplaudida por sus aliados, pero desestimada por la oposición como “utopía fiscal”.
Bañuelos cerró con un mensaje dirigido a los senadores de estados mineros como Sonora, Durango y Chihuahua: “Es hora de hacer justicia. Votemos por las comunidades que han sostenido la economía nacional con sus recursos naturales”.
Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, fue clara en su posicionamiento a favor del dictamen. “Romper con los dogmas del pasado no es fácil, pero es necesario. Este gobierno progresista ha puesto el gasto público al servicio de los que más lo necesitan”, declaró, en referencia a los ajustes propuestos.
Defendió el aumento en los derechos mineros como una forma de garantizar una retribución proporcional al beneficio de las empresas y justificó el cobro a los cruceristas como parte de una estrategia para financiar el desarrollo turístico sostenible.
Corona Nakamura también destacó los beneficios adicionales de la reforma, como la exención de pagos en telecomunicaciones para pueblos indígenas y afromexicanos, y el fortalecimiento de la protección civil. “Votaremos a favor porque estas reformas son un paso hacia un México más justo y equitativo”, afirmó.
Momentos de tensión
Las intervenciones no estuvieron exentas de intercambios mordaces. Mientras la oposición tachaba la reforma de autoritaria, los aliados de Morena y el PT acusaban a sus detractores de proteger los intereses de las grandes empresas. Los señalamientos de corrupción y “guardaditos” volaron de un lado al otro del Salón, avivando una confrontación que trascendió lo técnico y se convirtió en un enfrentamiento ideológico.
El debate dejó claro que más allá de los números, lo que está en juego es el modelo de nación. ¿Debe el gobierno central redistribuir los recursos para priorizar el bienestar social, o debe respetarse la autonomía de estados y municipios para administrar sus propias riquezas?
Al final, las posturas no cedieron, y la votación reflejó la división que domina al Senado. La Ley Federal de Derechos fue aprobada, pero no sin dejar una grieta más profunda en la relación entre oficialismo y oposición. Una cosa quedó clara: en este escenario, los acuerdos son tan lejanos como las soluciones definitivas.
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