- Después, en su discurso, la jefa del Ejecutivo reiteraría que en el Istmo son las mujeres las que mandan.
BENITO JIMÉNEZ / AGENCIA REFORMA
SANTIAGO ASTATA, OAX.- “Ayúdenos, nos van a sentenciar 15 años. Somos de El Coyul, unos delincuentes nos despojaron de nuestra propiedad y nos aventaron a sus abogados”, le soltó al oído a la presidenta Claudia Sheinbaum la señora Elvia Perea Sánchez, aprovechando un evento público.
“Lo vamos a ver”, respondió la mandataria tras plantar un beso a la afectada, y previo a la inauguración de una clínica en este municipio de 3 mil 900 habitantes, ubicado a unos 94 kilómetros de Huatulco, hacia Salina Cruz.
Después, en su discurso, la jefa del Ejecutivo reiteraría que en el Istmo son las mujeres las que mandan.
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En un escrito entregado al personal de la Presidencia, Perea y un grupo de mujeres denunció que fueron acusadas por un grupo denominado el “cartel inmobiliario de Oaxaca” en complicidad con notarios, jueces, ministerios públicos y altos funcionarios corruptos.
Acusaron que esos funcionarios confabularon para despojar a las mujeres de mil 452 hectáreas que comprenden manglares, playas, flora y fauna endémica.
“Ahí yo tenía mi restaurante, llegaron armados y nos sacaron; ahora no tenemos la seguridad de llegar a nuestras propias casas porque nos pueden matar, y para malas, nos acusan de despojo, y supuestamente en la semana que viene nos van a dictar la sentencia de 15 años de cárcel”, contó la señora.
Señaló de manera directa a Joel Ricardez, quien se autonombra dueño de la propiedad en disputa; a un abogado identificado como José Alfredo Mena y a Rigoberto Cruz, supuesto líder de una sociedad ganadera y agrícola.
En febrero pasado se denunció la invasión en El Coyul, y en un proceso ‘fast track’ 21 personas –pobladores, personas defensoras y activistas–, fueron condenados a la pena privativa de su libertad y a pagar la reparación de daños por 55 millones de pesos y una multa de 90 mil pesos bajo la supuesta acusación de “despojo agravado y secuestro”, delitos fabricados, no comprobados aseguran las afectadas.
“En mi vida he visto ese dinero junto en mi vida”, relató Perea entre lágrimas.
La presencia de mujeres incomodó a los servicios de seguridad federal y estatal, por lo que les fue negada la entrada al evento.
“Ya se está viendo su caso con el Gobernador (Salomón Jara), y se va a resolver”, comentó a las afectadas un representante del Gobierno estatal.
“Además eso de los despojos es algo que comenzó con (José) Murat, desde la época del PRI, ya no somos lo mismo”, presumió ese funcionario mientras aseguraba a Perea que sí hay avances en el caso con la Administración de Jara.
“Sólo se toman la foto con los afectados y después se olvidan de uno”, reclamó desconfiada la señora quien se coló hasta la valla donde pasó Sheinbaum y le solicitó la ayuda.
“Presidenta, ahí le dejé un papel”, urgió la oaxaqueña.
No es para menos. El caso contra las mujeres pesa en la causa penal 472/2022, en el juzgado de control de Salina Cruz por despojo agravado, en perjuicio de Joel Ricardez López.
La carpeta de investigación es la 8408/FISC/SALINA/2022, Investigación 2024/108. Este juzgado, con el mismo juez y ministerio público, ya había efectuado la no vinculación a proceso en la carpeta 507/2019 y en el Toca Penal 011/2022; pero tras dos años de impugnación y litigio, el juez Onssis Aureliano Díaz Morgan, Presidente del Tribunal de Enjuiciamiento Unitario Dos del Circuito Judicial del Istmo de Tehuantepec, con sede en Espinal, dictó nuevamente sentencia en contra de las 21 personas y las condenó a 15 años de prisión.
Al sitio también llegó personal de la localidad de San Miguel Chongos, perteneciente al Municipio de San Carlos Yautepec, un lugar que no cuenta con energía eléctrica desde hace cinco años.
En una carta, el edil José Inclán solicitó a la Presidenta atención para esa localidad, que además carece de caminos pavimentados, personal médico en su única casa de salud, viviendas, canchas deportivas y domos para las escuelas.
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