- Delinean en Senado acciones a tomar en 2025 en materia de combate frontal a la corrupción desde el gobierno.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En el Senado de la República, el reloj avanzaba con la misma solemnidad que el tema en discusión. En una sesión donde el combate a la corrupción fue el eje central, la Comisión de Anticorrupción y Transparencia, presidida por el senador Francisco Daniel Barreda Pavón, delineó las acciones que formarán parte de su programa de trabajo para el periodo 2024-2025.
Lo presentado no fue solo un documento burocrático más, sino un llamado a transformar la cultura gubernamental, partiendo de lo más básico: capacitar y profesionalizar a los servidores públicos. Porque si algo ha demostrado el monstruo de la corrupción en México, es que no se vence sólo con leyes; se necesita de personas preparadas y conscientes para identificar, prevenir y actuar cuando este mal amenaza con instalarse en el aparato estatal.
Cimientos de la democracia
El primer pilar del programa destaca lo elemental, pero a menudo olvidado: la transparencia y la rendición de cuentas como base de una gobernanza democrática. Pero bajo este esquema no basta con buenas intenciones o discursos optimistas. Por ello, la comisión planteó el Sistema Nacional de Recuperación de Activos, cuyo objetivo será rastrear, recuperar y devolver a las arcas públicas aquellos bienes y recursos obtenidos mediante prácticas corruptas.
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El anuncio de este sistema es ambicioso, pero urgente. La corrupción ha costado millones al país y ha minado la confianza de la sociedad. Recuperar lo robado no solo tiene un valor económico; también representa un acto simbólico de justicia.
Uno de los ejes más relevantes del programa fue la propuesta de la Ley de Certificación de Capacidades en Combate a la Corrupción. Esta legislación busca establecer la obligatoriedad de certificar a fiscales, jueces y servidores públicos involucrados en la lucha contra los delitos de corrupción.
Y es que, como bien señaló el senador Barreda Pavón, no se puede combatir lo que no se entiende ni atender lo que no se conoce. Para enfrentar redes de corrupción, los servidores públicos deben contar con conocimientos sólidos, herramientas legales y la ética profesional que exige su responsabilidad. La profesionalización no solo es necesaria, es la única manera de blindar al Estado de la incompetencia y la complicidad.
Mérito y desempeño
Siguiendo la línea de la profesionalización, la comisión también propondrá una reforma a la Ley del Servicio Profesional de Carrera. El objetivo es asegurar que el mérito y el desempeño sean los únicos criterios en la selección, capacitación y evaluación de servidores públicos. Esto busca eliminar las prácticas arbitrarias y clientelares que, históricamente, han dado cabida a funcionarios poco preparados o, peor aún, con intereses ajenos al bien común.
En palabras del programa, el profesionalismo del servicio público es una barrera natural contra la corrupción. Los servidores públicos capacitados no solo actúan con mayor eficacia, también son menos vulnerables a la presión o el soborno.
La lucha anticorrupción no se puede ganar sólo desde los escritorios de gobierno. Por ello, el programa también destaca la importancia de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, permitiendo a la sociedad ser un actor clave en la vigilancia y control de los recursos públicos. Se plantea un marco jurídico que formalice la contraloría social en todos los niveles de gobierno, además de impulsar el parlamento abierto como herramienta para transparentar la toma de decisiones legislativas.
Finalmente, en un mundo cada vez más digitalizado, la comisión reconoció la necesidad de aprovechar la tecnología para facilitar la transparencia gubernamental. Portales de datos abiertos y sistemas de denuncias en línea figuran entre las herramientas que se promoverán, permitiendo a la ciudadanía un acceso más ágil y efectivo a la información.
La sesión concluyó con una idea que resonó entre los asistentes: combatir la corrupción empieza desde adentro. No basta con castigar a los culpables o recuperar lo robado; se debe transformar la cultura del servicio público, sembrando en cada funcionario el compromiso de actuar con ética y responsabilidad.
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