- En puerta, reforma que otorga personalidad jurídica de los pueblos originarios.
FELIPE VILLA
OAXACA, OAX.- La reforma indígena permitirá hacer efectivos los derechos de los pueblos originarios que anteriormente eran considerados “letra muerta”, afirmó Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), durante su participación en el foro “Retos de la reforma indígena y afromexicana”.
El evento se llevó a cabo este viernes en la ciudad de Oaxaca, organizado por la Universidad CIDAE.
Batres Guadarrama explicó que esta reforma otorga por primera vez personalidad jurídica a los pueblos y comunidades indígenas, lo que les permitirá ejercer de manera plena su derecho al autogobierno y actuar frente a autoridades y entidades públicas y privadas.
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Asimismo, tendrán la capacidad de recibir y administrar recursos públicos o, en su defecto, exigir el derecho a hacerlo.
“Ahora se extiende más, porque se reconoce expresamente que los pueblos y comunidades indígenas son sujetos de derecho público.
Esto aterriza un derecho abstracto que se les dio en la reforma anterior de 2002, el cual no podían ejercer porque no existía un reconocimiento formal de sus representantes ni la obligatoriedad de entregarles recursos públicos”, señaló Batres.
Además, destacó que la reforma obliga a las entidades federativas a regular la asignación presupuestaria a estas comunidades.
En su intervención, la ministra también se refirió al derecho a la consulta indígena, señalando que hasta ahora ha sido una medida errática y dependiente de protocolos y jurisprudencias.
Con la reforma, este derecho será una norma legal obligatoria, lo que dará mayor certeza jurídica a los procesos consultivos en los pueblos originarios.
Por su parte, la jueza Miroslava Echeverría Sierra destacó que la reforma debe generar cambios estructurales en las políticas públicas para corregir las desigualdades históricas que han afectado a los pueblos indígenas y afromexicanos.
El defensor público Florián Pacheco Pérez advirtió que uno de los retos principales será el reconocimiento de la jurisdicción indígena.
Señaló que garantizar la aplicación de los derechos reconocidos en la reforma será esencial para convertirlos en decisiones efectivas de gobierno.
En tanto, la diputada Liz Arroyo Rodríguez subrayó que esta reforma representa un avance importante en la inclusión y equidad, ya que reconoce las necesidades y derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos como pilares fundamentales en la construcción de una sociedad más justa.
El foro tuvo lugar en la Casa de la Cultura Jurídica de la SCJN en Oaxaca, como parte de la graduación de la licenciatura en Derecho y la maestría en Juicio de Amparo y Derechos Fundamentales de la Universidad CIDAE.
Everardo Cisneros Huitrón, rector de la institución, encabezó la ceremonia, mientras que Mónica Zárate Apak, directora de la Casa de la Cultura Jurídica, dio la bienvenida a los asistentes y destacó la importancia de seguir impulsando este tipo de encuentros jurídicos con la participación de ministros y expertos en la materia.
