- Las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género presentaron el caso de Erika Contreras Pérez, madre afectada por violencia vicaria en Yucatán.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la semana pasada la Cámara de Diputados federal aprobó reformas clave para impulsar la igualdad de género y erradicar la violencia contra las mujeres en México, las integrantes de la Comisión de Igualdad de Género presentaron el caso de Erika Contreras Pérez, madre afectada por violencia vicaria en Yucatán.
La diputada Anaís Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y la diputada quintanarroense Mildred Concepción Ávila Vera, presentaron el caso de Erika Contreras; una joven mujer a quien le arrebataron a su hija de 5 años, por la falta de aplicación de la perspectiva de género en una resolución judicial, aparentemente derivada de las influencias de su ex pareja, Mauricio “N” ex consejero de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey).
Las modificaciones legales que ahora incorporan la perspectiva de género y las disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, buscan precisamente reducir la brecha salarial y garantizar el uso de que se consideren todos los elementos de la misma; así como la reducción de la brecha salarial y la garantía de que las mujeres vivan sin violencia.
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Entre las leyes y ordenamientos que fueron modificados se encuentran:
- Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres
- Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
- Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares
- Ley Federal del Trabajo
- Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y
- la Ley Reglamentaria del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional, en materia de erradicación de la brecha salarial por razones de género.
Tras las aprobaciones en la Cámara de Diputados, la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Anaís Miriam Burgos, dio voz a Erika Contreras quien expuso los pormenores de su caso, en cuya sustracción de su menor hija estuvo involucrada una mala resolución de un juez al otorgarle primero un amparo al padre de la menor, incluso por encima de los derechos reconocidos de la infante y posteriormente un presunto resguardo.
El ex funcionario público de Yucatán se encuentra aún en calidad de prófugo de la justicia y en desacato de los ordenamientos judiciales, ya que se desconoce su paradero; así como el de la menor.
La Fiscalía General de Yucatán (FGE) solicitó incluso el pasado 23 de septiembre la vinculación a proceso por violencia vicaria, además de los cuatro delitos que se siguen en su contra: Lesiones, Sustracción de menores en modalidad de retención, Violencia familiar y Violencia vicaria.
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