- Mientras personas con discapacidad demandan respeto a sus derechos humanos; en el Senado apenas se busca obligar a estacionamientos contar con espacios preferenciales.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En el Senado de la República, las discusiones suelen tocar temas trascendentales para el país, pero a veces pareciera que los legisladores están más preocupados por pintar la fachada que por construir una casa con cimientos sólidos. Esta semana, la Comisión de Movilidad decidió colocar la cereza en el pastel de lo que parece una comedia nacional: aprobaron una reforma para garantizar que los cajones de estacionamiento para personas con discapacidad estén cerca de las entradas principales en lugares públicos. Sí, mientras millones de personas con discapacidad luchan por sus derechos básicos, los senadores, con solemne gesto, se concentraron en el crucial tema del “cajón accesible”.
La diputada Patricia Mercado Castro (MC), presidenta de la comisión, presentó con orgullo la iniciativa, calificándola como un avance para garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad. Y aunque no cabe duda de que este es un paso en la dirección correcta, el eco de estas palabras resuena vacío cuando se pone en perspectiva la realidad que enfrentan las personas con discapacidad en México.
Según la ENADID 2023, México alberga a 8.8 millones de personas con discapacidad, es decir, el 7.2% de la población nacional, pero solo el 51.5% de los hombres y el 31.3% de las mujeres de este sector participan en la economía. No por falta de ganas, sino porque las barreras laborales, sociales y de infraestructura son abrumadoras. ¿Y cuál es la respuesta del Legislativo a esta realidad? Una reforma para asegurar cajones de estacionamiento más cercanos.
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Cuando la parodia se vuelve política
En la sesión, el diputado Diego Ángel Rodríguez Barroso (PAN) defendió la propuesta con fervor: “Es fundamental porque hay miles de ejemplos en los que los cajones están escondidos o lejos de las entradas”. Por un momento, uno podría pensar que hablaba de un misterio nacional de proporciones épicas. Mientras tanto, millones de mexicanos con discapacidad enfrentan desafíos más grandes, como la falta de empleo digno, educación inclusiva y acceso a servicios de salud y rehabilitación.
Los datos del INEGI pintan una realidad cruda: estados como Zacatecas, Tabasco y Durango tienen los porcentajes más altos de población con discapacidad, alcanzando hasta el 11.2% de su población en el caso de Zacatecas. Sin embargo, en muchas de estas entidades, los centros de rehabilitación son escasos y los programas de inclusión laboral son una promesa que se repite más que se cumple.
El cajón no basta
La ironía de esta situación radica en que, mientras los legisladores se toman su tiempo para discutir la ubicación de los cajones, los derechos fundamentales de las personas con discapacidad parecen estacionados en una vía de espera eterna. La “Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente”, promovida por el gobierno federal, es un esfuerzo significativo, pero insuficiente frente a la magnitud del problema.
La accesibilidad no se limita a un pictograma pintado en el suelo. Significa garantizar infraestructura urbana que permita a las personas con discapacidad transitar con libertad, acceder a edificios públicos, escuelas y hospitales. Significa oportunidades laborales reales, con empresas comprometidas y gobiernos que incentiven la inclusión. Pero, en lugar de profundizar en estas problemáticas, los senadores prefieren no adentrarse en aguas más profundas que las de un estacionamiento.
El debate tomó tintes tragicómicos cuando el diputado César Agustín Hernández Pérez (Morena) sugirió que algunas alcaldías ni siquiera cuentan con estacionamientos y pidió que se obligue a las autoridades locales a implementarlos. No faltó el diputado que pidió un listado de leyes pendientes, como si con más propuestas se pudiera cubrir la falta de acciones concretas.
Mientras tanto, organizaciones civiles y activistas en todo el país trabajan incansablemente para cambiar una realidad que los legisladores parecen ignorar. Si bien un cajón accesible es necesario, lo que realmente se necesita son políticas públicas integrales que aborden la inclusión desde todos los frentes: empleo, educación, movilidad, salud y participación política.
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