Por KUKULKÁN
QUIZÁS confiado en su suerte, el exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO), José Luis Pech Galera, seguramente pensó que el tiempo, la burocracia y la eterna lentitud de la justicia mexicana lo salvarían. Durante años navegó entre excusas y defensas endebles, pero finalmente el peso de las pruebas lo aplastó. No por iniciativa propia, claro está, sino porque la Auditoría Superior de la Federación (ASF) le arrinconó con números, documentos y la evidencia irrefutable de su participación en uno de los desfalcos más descarados de la historia reciente: la “Estafa Maestra“.
A PECH Galera, ya sin mucho espacio para maniobras, no le quedó otra que aceptar su culpa. Después de todo, ¿cómo negar los 97 millones de pesos entregados a ocho empresas fantasma en operaciones tan simuladas que hasta un novato en finanzas podría haber detectado el fraude? Pero no se confundan, el hombre no es un genio del crimen, simplemente estaba jugando un papel en un esquema tan grande que por años se dio el lujo de permanecer intocable.
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ESTE caso de la “Estafa Maestra” no necesita presentación, pero el modus operandi sí merece recordarse porque aún es motivo de asombro. Universidades públicas como la UPQROO se prestaban para firmar convenios con dependencias federales, en este caso la SEDATU, para supuestos servicios que jamás podrían cumplir porque ni siquiera tenían la capacidad técnica o humana para hacerlo. Así, los contratos eran subcontratados a empresas que resultaban ser fantasmas: sin domicilio, sin empleados y con una habilidad asombrosa para desaparecer después de cobrar millones.
LA ASF señaló directamente a Pech Galera por autorizar pagos millonarios a compañías que no sólo eran inexistentes, sino que algunas eran operadas por sus allegados. Por ejemplo, una de las empresas beneficiadas, el Centro de Capacitación y Evaluación Peninsular, S.A. de C.V., tenía como representante a la jefa de un departamento de la propia universidad, mientras el ex rector fungía como apoderado legal. ¿La excusa de Pech? “No recuerdo”. ¿El resultado? 6.8 millones de pesos volando hacia una cuenta bancaria manejada exclusivamente por él. Otro caso destacable es el de AM Sistemas Informáticos, S.A. de C.V., que recibió 31.8 millones de pesos, aunque solo justificó 6.3 millones. Como si fuera poco, las auditorías demostraron que estas empresas compartían domicilios, apoderados y representantes legales. En resumen, el fraude estaba más organizado que la propia universidad.
Y MIENTRAS Pech Galera intentaba deslindarse diciendo que solo firmaba contratos tras “supuestos estudios de mercado” realizados por internet, el entonces secretario administrativo lo contradijo sin dudar: todo lo manejaba directamente la rectoría, sin pasar por el Comité de Adquisiciones. La ASF, como era de esperarse, no tardó en desmontar las coartadas del exrector. El escándalo no solo mancha a Pech Galera, sino también al entorno político que lo protegió por años. No es menor el hecho de que sea hijo de José Luis Pech Várguez, actual diputado local y excandidato a gobernador por Movimiento Ciudadano. Pero ni el apellido ni los contactos políticos lograron evitar que el fraude saliera a la luz.
FINALMENTE, Pech Galera recibió una sentencia de ocho meses y 29 días de prisión. No es la pena más severa considerando el tamaño del desfalco, pero al menos es un recordatorio de que la justicia, aunque lenta, llega. Aún falta por ver cómo se recuperarán los recursos desviados y si las instituciones educativas dejarán de ser el blanco fácil de la corrupción. Por lo pronto, podemos celebrar que este capítulo de la “Estafa Maestra” nos recuerda que, aunque tarde, el karma siempre cobra factura.
