- Reclaman legalidad del artículo 24 de la Ley de Hacienda del estado, que establece el impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles.
MARCO ANTONIO BARRERA
CANCÚN, Q. ROO.- Hoteleros y profesionales valuadores organizados combaten legalmente algunas de las implicaciones legales del impuesto sobre la adquisición de bienes inmuebles en Quintana Roo.
El gravamen está contemplado en la Ley de Hacienda del municipio de Benito Juárez, con una recaudación estimada de 888 millones 778 mil 924 pesos para 2025.
El tributo citado representa la segunda bolsa económica más cuantiosa de recursos propios, sólo superado por el predial, estimado en mil 062 millones 870 mil 947 pesos.
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La infraestructura hotelera de Quintana Roo está integrada por mil 474 hoteles con 135 mil 430 cuartos, de los cuales la llamada “Joya del Caribe Mexicano” alberga 210 sitios de hospedaje con 45 mil 679 habitaciones.
Un primer juicio de garantías lo encabeza la “Asociación de Hoteles de Quintana Roo” representada legalmente por Marcelo Castillo Góngora, desde el 12 de noviembre del año pasado.
La asociación reclama la legalidad del artículo 24 de la Ley de Hacienda del estado de Quintana Roo que faculta a los notarios o fedatarios a calcular y retener el tributo sobre la enajenación de bienes inmuebles en las operaciones escrituradas.
El juicio de garantías está radicado con el número 36602062 en el Juzgado Segundo de Distrito de Cancún, desde el 7 de noviembre pasado.
El asunto fue admitido para su análisis por la jueza Angélica del Carmen Ortuño Suárez, aunque negó medidas cautelares provisionales (11 noviembre 2024) y definitivas (20 enero 2025).
Las autoridades que han sido llamadas al juicio son el Poder Ejecutivo estatal, la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y el Departamento de Verificación y Publicación del Periódico Oficial del Estado, ubicados en la capital Chetumal.
La audiencia donde se emitirá la sentencia se programó originalmente para el 21 de enero, pero se pospuso para el cuatro de marzo próximo.
El segundo amparo fue tramitado por el Colegio de Valuadores de Quintana Roo, A.C. representado por Kristhian Guillermo Hernández Rendón y Tania Marcela Cota Ochoa, que ocupan los cargos de presidente y vicepresidenta, respectivamente.
El reclamo jurídico se centra en que a los integrantes del Colegio no se les inscriba en el Registro Estatal de Peritos Valuadores Inmobiliarios para fines fiscales.
La demanda se tramitó el 24 de julio del año pasado, pero fue admitida a trámite hasta que se desahogó una prevención el 21 de noviembre, en cuya fecha se negó la suspensión provisional.
Después siguió un segundo fallo emitido por el juez Ciro Carrera Santiago que resolvió la solicitud de suspensión definitiva, y al igual que la anterior negó la protección federal a los profesionales organizados, el 6 de enero pasado.
El caso se mantiene activo con el número de expediente 36660375 en el Juzgado Noveno de Distrito de Quintana Roo, radicado también en Cancún.
La audiencia para emitir la sentencia definitiva estaba prevista para el 6 de enero pasado, pero se reprogramó para el 6 de febrero del presente año.
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