- El Consejo de la Judicatura Federal presentó una demanda administrativa para reclamar a la Secretaría de la Defensa Nacional el pago de 255 millones de pesos.
VÍCTOR FUENTES / AGENCIA REFORMA
CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó una demanda administrativa para reclamar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el pago de 255 millones de pesos, así como intereses que se habrían acumulado durante más de una década.
La demanda fue promovida el pasado 13 de enero ante la Suprema Corte de Justicia, que resuelve como única instancia las disputas contractuales del CJF, y admitida a trámite por el Ministro Jorge Pardo Rebolledo, quien dio nueve días hábiles al Ejército para contestar.
El origen de la controversia se remonta a 2013, cuando el entonces presidente de la Corte y del CJF, Juan Silva Meza, contrató a la Sedena para realizar varias obras, con la idea de evitar los problemas que provocaba la ejecución de proyectos por empresas privadas, así como la inseguridad en varias regiones del País.
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Una de las obras fue el edificio sede del Poder Judicial en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, que fue entregado por el Ejército hasta septiembre de 2016, pero que ha provocado ocho años de negociaciones infructuosas para determinar el finiquito, es decir, lo que las partes se deben.
El pasado 24 de octubre, la Judicatura concluyó que la Sedena le debe 255 millones de pesos por finiquito, lo que no fue aceptado, por lo que promovió la demanda en la Corte.
Además, el CJF quiere que se le paguen los intereses que hubieran generado los 857 millones de pesos que depositó a la Sedena para la obra, que se tendrían que cuantificar a partir de las fechas en que aplicó dichas transferencias, es decir, desde hace más de una década.
El trámite de este juicio puede tomar más de un año, y es probable que ya no será resuelto por los actuales integrantes de la Corte, que dejarán sus cargos el próximo 31 de agosto, para ser reemplazada por Ministros que serán electos el 1 de junio.
El convenio CJF-Sedena sólo duró dos años y fue calificado de ilegal por la Auditoría Superior de la Federación, ya que el Ejército no tenía atribuciones para realizar obras públicas de otras dependencias, lo que no fue obstáculo para convertirlo en el constructor más importante del Gobierno en el sexenio pasado.
En 2017, la ASF estableció que la Sedena provocó un daño patrimonial de 67.5 millones de pesos al CJF, pues no se acreditó el cumplimiento de los trabajos contratados para el edificio de Oaxaca, así como para los centros de justicia penal en La Paz, Baja California Sur; Apizaco, Tlaxcala, y Cintalpa, Chiapas.
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