- Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- En el México de los litigios interminables y los laberintos judiciales, el acceso a la justicia no es un derecho, sino un privilegio reservado para los más aptos. No necesariamente para los más justos o los más preparados, sino para aquellos que saben navegar entre tecnicismos, que pueden costear un ejército de abogados o, en el peor de los casos, para quienes tienen las conexiones adecuadas.
La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, ha pasado las últimas semanas recorriendo universidades del país poniendo el dedo en la llaga, desmontando la idea de que el sistema judicial mexicano es un espacio imparcial donde todos tienen la misma oportunidad de defenderse.
En sus recientes participaciones en el Estado de México y Colima, Batres ha insistido en que la justicia en México no es para todos. Su denuncia es contundente: el 80% de los juicios de amparo son desechados sin siquiera analizar el fondo del asunto. ¿La razón? Argumentos procesales. Un tecnicismo, un documento mal presentado, una fecha errónea… cualquier pretexto es suficiente para cerrarle la puerta a quienes buscan la protección de la justicia federal.
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El Poder Judicial, en lugar de ser un garante de los derechos, se ha convertido en un filtro excluyente, donde solo los más fuertes, los más ricos o los mejor asesorados sobreviven. Es una suerte de darwinismo legal, donde en la lucha por la existencia no ganan los que tienen la razón, sino los que pueden permitirse pelear hasta las últimas consecuencias. En el ecosistema judicial mexicano, los grandes despachos de abogados funcionan como depredadores naturales de un sistema donde el ciudadano común apenas logra subsistir.
Batres no solo ha criticado esta realidad, sino que también ha cuestionado la arrogancia de muchos jueces, quienes ven su labor más como un privilegio personal que como un servicio público. “Cuando el juez se siente en las nubes, parece que el cargo es para él, para hacerlo sentir bien, para que viva a gusto. No, estos son cargos de servicio público”, advirtió en la Universidad Intercultural de Colima.
Pero ¿quién vigila a los jueces? Esa es la pregunta que está detrás de la reforma judicial que propone la elección popular de jueces, magistrados y ministros. Poner al Poder Judicial bajo el escrutinio ciudadano es una idea que genera divisiones. Sus detractores la ven como una amenaza a la independencia judicial; sus defensores, como un mecanismo para romper con la impunidad y la desconexión de la judicatura con la realidad del país.
En el conversatorio de la FES Acatlán de la UNAM, la ministra insistió en la necesidad de que el sistema judicial abra los ojos a la desigualdad entre las partes en conflicto. En un juicio no es lo mismo un trabajador contra su patrón, una comunidad indígena contra una empresa transnacional o un ejidatario contra un político bien conectado. El problema es que el derecho se aplica como si todos partieran del mismo punto, ignorando la realidad social de quienes acuden a los tribunales.
Mientras tanto, la justicia sigue siendo un privilegio. Y como en toda selección natural, los que sobreviven no son los más justos, sino los más poderosos.
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