Por KUKULKÁN
EL JUEGO de la ruleta inmobiliaria en Quintana Roo nunca decepciona. Un terreno puede ser vendido, revendido, expropiado, regularizado, declarado área protegida y, de la nada, aparecer un nuevo dueño que jura por su madre que ese pedazo de selva, duna o manglar le pertenece de toda la vida. Y ahora, en este circo de la especulación, la estrella del show es la empresa Constructora y Urbanizadora ARA, que ha decidido pelearle a la naturaleza y al decreto presidencial, porque ¿qué es un área natural protegida cuando se tienen ambiciones de levantar 31,467 casitas?
EL PROBLEMA de los terrenos en este estado es que siempre hay un tercer, cuarto o quinto dueño esperando en las sombras con un documento bajo el brazo, un catastro “extraviado” que reaparece como por arte de magia o una anuencia sacada de la manga. ARA ahora pretende revertir el decreto que declara el Área Natural Protegida (ANP) Felipe Carrillo Puerto, argumentando que su desarrollo inmobiliario es más necesario que la conservación de 53,227 hectáreas de ecosistemas únicos.
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PERO CLARO, la empresa no está sola en su cruzada. Aquí nadie quiere quedarse fuera de la fiesta del litigio. Tanto Calizas Industriales del Carmen (Calica) como Rancho Piedra Caliza (Rapica), y hasta la Asociación de Terminales y Operadores Portuarios, también han impugnado el decreto. Porque en Quintana Roo, cuando se trata de pelear por terrenos jugosos, no hay ideologías, principios ni colores partidistas… sólo intereses.
LO MÁS DIVERTIDO de todo es que este no es un pleito nuevo. Resulta que el mismísimo Juzgado Segundo de Distrito, que admitió la demanda de amparo de ARA el pasado 10 de febrero, ya le había dado un revés en otro caso, cuando la empresa intentó hacerse con un Certificado de Medidas y Colindancias de dudosa procedencia en 2010. Pero aquí nada importa. Un papel mal hecho se corrige con otro papel, una irregularidad se disfraza de trámite y, si todo falla, siempre queda la opción de presionar a las autoridades para que cambien las reglas del juego.
PARA los que aún creen en los cuentos de hadas, el decreto del ANP establece que en estas tierras sólo se permitirán actividades de preservación ecológica, turismo de bajo impacto y aprovechamiento sustentable. Pero en la práctica, eso suena más a una amable sugerencia que a una restricción real. Al final del día, todo depende de qué tan largo sea el brazo de los inversionistas y qué tan cortas sean las resistencias del gobierno en turno.
Y ES QUE en este paraíso de la especulación desbocada, el negocio inmobiliario es un deporte extremo. Si no es ARA, será otro. Si no es este año, será el próximo. Siempre habrá alguien dispuesto a desafiar leyes, decretos y hasta la geografía. ¿No se puede construir sobre un manglar? No hay problema, se rellena. ¿La selva está protegida? Se incendia “accidentalmente”. ¿Un terreno ya tiene dueño? Se busca otro notario. Mientras tanto, la selva sigue cayendo, los tribunales se llenan de juicios interminables y los políticos se hacen los sorprendidos, como si no supieran que esta película ya la hemos visto antes… y siempre termina igual. En Quintana Roo, la justicia ambiental es tan frágil como un título de propiedad en manos de un buen abogado.
