Por KUKULKÁN
EN EL GRAN teatro de lo absurdo que es la justicia mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nos ha regalado otro episodio digno del realismo mágico. Esta vez, el espectáculo gira en torno a la contradicción de tesis 8/2025, un asunto fiscal que podría haber vaciado las arcas públicas en beneficio de las maquiladoras, pero que, por obra y gracia de la ministra Lenia Batres Guadarrama, fue retirado para un “análisis más profundo”.
EN TEORÍA, la Corte es el último bastión de la legalidad, el faro que ilumina el camino de la justicia. En la práctica, es un ring de boxeo donde se enfrentan dos visiones irreconciliables: la de quienes creen que el Poder Judicial es un ente técnico, sin obligaciones morales ni sociales, y la de quienes piensan que debe actuar con un mínimo de sensibilidad hacia el país que le paga su nada modesto sueldo.
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EL CASO de las maquiladoras es un excelente ejemplo de cómo el derecho en México se estira y acomoda como un traje hecho a la medida de los poderosos. Según la postura más “técnica”, la discusión del IVA era un simple problema de interpretación fiscal, sin importar que pudiera representar un boquete de hasta 250 mil millones de pesos para el erario. Algo así como si un juez, al revisar un contrato, ignorara que una de las partes está firmando con una pistola en la cabeza porque “eso no viene en la cláusula”.
PERO la ministra Batres decidió aguarles la fiesta a quienes ya estaban afilando los colmillos para hincarle el diente al presupuesto público. Con la Constitución en la mano, recordó que el artículo 39 establece que todo poder público debe servir al pueblo, y que permitir una evasión fiscal disfrazada de legalidad sería una burla a ese principio.
POR SUPUESTO, esto levantó ampollas entre quienes prefieren una justicia tan aséptica y deshumanizada que bien podría ser sustituida por un software de inteligencia artificial. Según esta visión, los jueces no están para preocuparse por las consecuencias de sus fallos, sino sólo para aplicar la ley como si fueran matemáticos resolviendo ecuaciones.
LA JUSTICIA y su menú de precios. Más allá del debate filosófico, el caso de las maquiladoras pone en evidencia una realidad incómoda: en México, la justicia es un lujo que pocos pueden pagar. Mientras grandes corporaciones tienen ejércitos de abogados listos para encontrar resquicios legales a su favor, el ciudadano común no tiene más opción que resignarse cuando sus derechos son pisoteados.
EN ESTE país, la justicia no sólo es ciega, sino que parece haber desarrollado un oído muy fino para escuchar el sonido del dinero. Cuando una empresa multimillonaria quiere recuperar impuestos, encuentra expertos, amparos y jurisprudencias listas para servirle. Cuando un ciudadano quiere que le respeten su derecho a la salud, la educación o un salario digno, se encuentra con un laberinto burocrático y un sistema judicial que parece estar diseñado para agotar su paciencia hasta el cansancio.
EL RETIRO temporal del caso es sólo una pausa en el proceso que más tarde regresará al debate jurídico, de tal forma que la pregunta sigue en el aire: ¿qué tipo de Corte queremos? ¿Una que actúe como despacho contable de los poderosos o una que, al menos de vez en cuando, recuerde que la justicia no debería estar en venta? En un país donde el dinero compra todo, desde favores políticos hasta sentencias favorables, la respuesta pareciera más que evidente.
