- Elementos de la Profepa, con apoyo de la Semar, Sedena y Guardia Nacional, realizaron operativos en la comunidad de Sisal, Yucatán.
SANTIAGO VELA
MÉRIDA, YUC.- Con el fin de frenar la devastación de mangle botoncillo en la zona federal costera, elementos de la Profepa, con apoyo de la Semar, Sedena y Guardia Nacional, realizaron operativos en la comunidad de Sisal, Yucatán,
Durante la inspección, se observó una alarmante fragmentación y degradación del ecosistema de humedal costero, además de un severo impacto a diversas especies de flora y fauna silvestre.
La intervención se originó a partir de una inspección realizada el pasado 25 de febrero, en la que personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente documentó la remoción ilegal de vegetación de la especie Conocarpus erectus, protegida por la NOM-059.
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En ese primer recorrido, se constató la destrucción de 10 mil 400 metros cuadrados de manglar, devastados con motosierras, machetes y hachas, por lo que se impuso de inmediato una clausura total temporal en el área.
Ante este panorama, la Profepa amplió la clausura a una superficie mayor, con el objetivo de contener el daño ambiental.
Sin embargo, el 26 de febrero, habitantes de la zona desafiaron las medidas impuestas y reanudaron la remoción, extendiendo la devastación a 12 mil 600 metros cuadrados.
Ante esta flagrante violación, personal de Profepa regresó al sitio con respaldo de la Secretaría de Marina (Semar) para colocar cuatro sellos adicionales de clausura.
La situación escaló cuando, el 27 de febrero, nuevas denuncias ciudadanas alertaron que, a pesar de los sellos colocados, los trabajos de remoción continuaban e incluso se había introducido maquinaria pesada al área protegida.
Inspectores de Profepa solicitaron nuevamente el respaldo de Semar, Sedena y Guardia Nacional para realizar una tercera inspección.
En esta ocasión, no se detectaron personas ni maquinaria en el sitio, aunque el daño ambiental ya era evidente y progresivo.
Las primeras indagatorias apuntan a que los responsables de la devastación serían pobladores locales que argumentan tener derecho a ocupar esa franja de territorio como zona de vivienda, justificando con ello la destrucción de un ecosistema protegido.
En respuesta a estos hechos, la Profepa presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la remoción ilegal de 23 mil metros cuadrados de manglar botoncillo dentro de la zona federal.
También por el desacato a las medidas de clausura impuestas, lo que configura un acto de abierta ilegalidad y desafío a la autoridad ambiental.
El manglar es un ecosistema clave para la protección y estabilidad de las zonas costeras, funcionando como barrera natural contra la erosión y como hábitat de múltiples especies.
Su remoción indiscriminada, como la ocurrida en Sisal, representa un grave delito ambiental que conlleva sanciones tanto administrativas como penales.
“La Profepa agotará todos los recursos legales para castigar a los responsables. La impunidad ante la destrucción de los bienes naturales de nuestro país ha terminado”, declaró enfática la procuradora Mariana Boy Tamborrell.
Cabe recordar que las zonas federales son áreas bajo la jurisdicción directa del gobierno federal, cuyo uso está estrictamente regulado para preservar los recursos naturales y el equilibrio ecológico.
Cualquier proyecto de construcción o aprovechamiento en estos espacios debe contar con permisos específicos y cumplir a cabalidad con los lineamientos ambientales establecidos por las autoridades competentes.
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