- Cada uno de los 29 presos enviados hacia EE.UU., en promedio costaba al erario 3,800 pesos diarios.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- Con la extradición de 29 reos de alta peligrosidad hacía Estados Unidos, realizada el pasado 27 de febrero, el gobierno mexicano se estaría ahorrando más de 40 millones de pesos anuales, de acuerdo con cálculos oficiales sobre costos por preso.
Según datos de la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, cada interno en un penal de máxima seguridad le cuesta al Estado 1,375,064 pesos anuales (casi 3,800 diarios), lo que representa una carga económica significativa para el país.
En opinión de David Pérez-Esparza, ex director del Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) en México, la salida de estos delincuentes del sistema penitenciario mexicano no sólo alivia las finanzas públicas, sino que también reduce los riesgos de inseguridad dentro de los penales.
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Los extraditados, con vínculos en cárteles del narcotráfico, representaban una amenaza constante dentro de las cárceles de máxima seguridad, donde la corrupción, los intentos de fuga y la violencia interna son una constante.
Casos como la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán en 2015 demostraron que, incluso en los penales más vigilados, los criminales con poder económico pueden vulnerar el sistema.
Además, su presencia en territorio nacional alimentaba luchas entre grupos criminales que buscaban eliminarlos o rescatarlos, poniendo en riesgo no sólo a custodios y funcionarios penitenciarios, sino también a la población en general.
Contraste en cárceles
Mientras que las cárceles estatales y federales administradas por el gobierno gastan en promedio 330.50 pesos diarios por interno, los penales federales operados por empresas privadas tienen costos mucho más elevados.
En algunos casos, como el Centro Federal de Readaptación Social Femenil No. 16 en Morelos, el gasto por persona asciende a 6,411 pesos diarios.
Ahora, la responsabilidad de su custodia pasó a manos de Estados Unidos, donde enfrentarán procesos judiciales y condenas en prisiones con mayores controles y sin riesgo de fuga o corrupción.
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