- Empresarios y exfuncionarios, han despojado más de 25 mil hectáreas con corrupción y violencia.
ZÓSIMO CAMACHO
CIUDAD DE MÉXICO.- El Sureste mexicano se desangra. Durante más de cuatro décadas, una red de empresarios, exfuncionarios y políticos ha saqueado impunemente 25 mil hectáreas de tierras ejidales, privatizándolas para su propio beneficio.
Lo que comenzó como una serie de transacciones irregulares se ha convertido en un despojo sistemático, con un modelo tan eficiente que, incluso, terrenos dentro de áreas naturales protegidas han caído en sus manos.
Una investigación del Registro Agrario Nacional (RAN) revela que la privatización de la selva del Sureste mexicano ha beneficiado a personajes de la élite económica y política.
Entre los implicados destacan Antonino Almazán Arteaga, exfuncionario agrario en los sexenios de Ernesto Zedillo y Vicente Fox; Rafael Acosta Solís, exsubprocurador de Justicia de Yucatán; y empresarios como Roberto Hernández, Alejandro Ramírez y Carlos Abraham Mafud, entre otros.
Estos personajes han recurrido a documentos falsos, asambleas amañadas y sobornos a autoridades para apoderarse de tierras de propiedad social en Quintana Roo, Yucatán y Campeche, tierras que hoy valen miles de millones de pesos debido a su potencial turístico, inmobiliario y a su cercanía con el Tren Maya.
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EL MAPA DEL DESPOJO
El saqueo agrario no ha sido homogéneo. Quintana Roo encabeza la lista de estados más afectados, con 12,817 hectáreas expropiadas en 14 ejidos de siete municipios. Yucatán ha perdido 11,785 hectáreas, afectando a 38 núcleos agrarios en 12 municipios.
Campeche, aunque con menor impacto, también ha sido víctima del despojo con 641 hectáreas arrebatadas en tres ejidos.
La corrupción política ha sido la clave en este proceso de acaparamiento de tierras. Según el informe del RAN, el poder económico de los acaparadores está ligado directamente al poder político, facilitando la impunidad con la que operan.
LOS GRANDES ACAPARADORES
El Registro Agrario Nacional identifica a ocho individuos que han acumulado más de 1,000 hectáreas cada uno, mientras que otros seis han concentrado entre 500 y 999 hectáreas. En total, 411 políticos y empresarios poseen casi 223 mil hectáreas en todo el país, según reveló recientemente el medio español Diario Red.
El mayor de estos expoliadores fue Ausencio Dávila López, quien hasta su fallecimiento poseía 4,502 hectáreas en Benito Juárez, Quintana Roo. Su dominio de tierras era tan vasto que superaba al mayor ejido de la Ciudad de México, San Nicolás Totolapan. Su fortuna quedó en un limbo legal, pues sucesores desconocidos han seguido explotando la tierra que usurpó.
Otro nombre destacado es Mauricio Montalvo Vales, empresario hotelero con 3,487 hectáreas en 10 ejidos de Yucatán. Su modus operandi incluía el uso de “usufructo” para tomar el control de las tierras antes de legalizar su dominio.
Pero el caso más descarado es el de Antonino Almazán Arteaga, quien se ha convertido en el mayor acaparador de tierras en el país. Con más de 5,000 parcelas en nueve ejidos del Sureste, ha usado al menos seis CURP falsas para registrar sus propiedades.
Su nombre resuena como el líder de la mafia agraria, con vínculos directos con Roberto Hernández, exdueño de Banamex y parte del Consejo de Administración de Citigroup, Televisa e ICA, entre otros consorcios.
Tierras acaparadas por Almazán contaban con cascos de lo que fueron viejas haciendas henequeneras. Fueron transformadas en hoteles de lujo, hoy propiedad de Roberto Hernández y Alejandro Patrón Laviada.
Otro empresario beneficiario de la privatización de tierras ejidales operada por Antonino Almazán Arteaga es Alejandro Ramírez Magaña, dueño de la cadena Cinépolis. El empresario hoy figura también como “ejidatario” de Tulum.
El RAN define a Antonino Almazán Arteaga: “Por la forma en que se desenvuelve y la cantidad de parcelas que ha acumulado con todo el descaro, este personaje es un hito de la corrupción y la impunidad”. Agrega que no opera solo y tres de sus hermanos también poseen tierras de manera irregular: Juan Pastor, José Ignacio y Ana Luiza Almazán Arteaga.
Almazán Arteaga no es un jugador menor: durante décadas ha amasado una fortuna especulando con tierras ejidales. En 2005, el gobierno panista de Yucatán le pagó 61 millones de pesos por 3,000 hectáreas en Hunucmá, tierras que posteriormente fueron convertidas en lujosos desarrollos inmobiliarios.
| Nombre | Hectáreas | Parcelas y solares | Núcleos agrarios | Estados |
| Ausencio Dávila López | 4502.76 | 5186 solares | Uno | Quintana Roo (1) |
| Mauricio Montalvo Vales | 3487.8566 | 351 parcelas | Diez | Yucatán (10) |
| Antonino Almazán Arteaga | 2963.5408 | 5145 parcelas | Nueve | Yucatán (4); Quintana Roo (4); Campeche (1) |
| Gilberto López Peraza | 2048.5950 | 1674 solares | Uno | Quintana Roo (1) |
| Gabriel Guzmán Millet | 1899.3519 | 222 parcelas | Seis | Yucatán (4); Quintana Roo (2) |
| Miguel Velázquez Nieva | 1328.409 | 481 parcelas | 12 | Campeche (2); Yucatán (6); Quintana Roo (4) |
| Antonino Cascio González | 1118.8105 | 206 parcelas y 2951 solares | 12 | Yucatán (12) |
| Raúl Medina Poot | 1000.8480 | 1355 solares | Uno | Quintana Roo (1) |
| Rafael Acosta Solís | 995.08 | 3867 solares | Cinco | Yucatán (5) |
| Arturo Millet Reyes | 755.1637 | 398 parcelas | Seis | Yucatán (4); Quintana Roo (2) |
| Fernando Francisco Javier Ponce García | 653.9476 | 748 parcelas | Dos | Quintana Roo (2) |
| Lorenzo Adalberto Rodríguez Carlos | 638.2488 | 2995 solares | Uno | Yucatán (1) |
| Juan Diego García Betancourt | 566.1987 | 4665 solares | Uno | Quintana Roo (1) |
| Carlos Alberto Génova Gamboa | 541.1869 | 4236 parcelas | Cinco | Yucatán (3); Quintana Roo (2) |
| Carlos Alberto Palma Rodríguez | 495.8146 | 398 parcelas | Cuatro | Quintana Roo (1); Yucatán (3) |
| Miguel Adrián Marcos Nader | 466.0497 | 2015 solares | Uno | Yucatán (1) |
| Helio Alejandro Monforte Jaimes | 449.4662 | 547 parcelas | Tres | Quintana Roo (2); Yucatán (1) |
| Blanca Leticia Saucedo Puente | 340.8254 | 1490 solares | Uno | Quintana Roo (1) |
| Moisés Rafael Mizrachi Nizri | 249.4272 | 2387 parcelas | Dos | Yucatán (2) |
| María de Lourdes Zentella González | 252.1339 | 1111 parcelas | Tres | Yucatán (3) |
| Mauricio Millet Reyes | 241.1947 | 454 parcelas | Tres | Quintana Roo (2); Yucatán (1) |
| Elsy Lilibeth Zurita Ojeda | 223.788031 | 2201 parcelas | Dos | Yucatán (2) |
| Alfonso Ismael Gallegos Ramírez | 209.3657 | 3327 solares | Uno | Quintana Roo (1) |
| Tomasita Cetina | 145.9337 | 2159 solares | Uno | Quintana Roo (1) |
| Olga Ana Martha María Salcedo Aspuru | 98.8208 | 879 parcelas | Dos | Yucatán (2) |
| Miryan Santiago Martínez | 82.3520 | 2016 | Uno | Yucatán (1) |
| Adriana Cecilia Burgos Chacón | 82.0820 | 2016 solares | Uno | Yucatán (uno) |
CORRUPCIÓN Y SIMULACIÓN POLÍTICA
De hecho, advierte la investigación del RAN, Antonino Almazán Arteaga opera en conjunto con los otro cuatro mayores acaparadores de parcelas en el país y, particularmente, en los estados del sureste.
Estos sujetos agrarios, observa la investigación, actúan en muchas ocasiones de manera concertada y utilizan “mecanismos de coerción –económicos y/o de amedrentamiento– para favorecer sus intereses”. Se trata de cinco “expoliadores de tierras de propiedad social” que “utilizan mecanismos de presión en los que participan autoridades, políticos y/o gente con gran poder económico”.
Además de Antonino Almazán Arteaga, el documento cita a Carlos Alberto Génova Gamboa (sobrino del político priista Emilio Gamboa Patrón), Moisés Rafael Mizrachi Nizri, Elsy Lilibeth Zurita Ojeda y María de Lourdes Zentella González.
“El caso es emblemático también porque en la Asamblea se acuerdan acciones o actos jurídicos que benefician a un grupo de acaparadores, lo que fortalece la hipótesis de que actúan juntos”.
Sólo en este ejemplo despojaron de 1,630 hectáreas al ejido de Progreso. El documento agrega que si el valor de la tierra fuera de 380 pesos por metro cuadrado, como se considera formalmente, el territorio acaparado alcanzaría los 6 mil 194 millones de pesos.
Sin embargo, en la realidad, el valor promedio de la tierra en la región supera los 1,140 pesos por metro cuadrado. Así, el terreno despojado por estos cinco personajes alcanzaría un precio de 18 mil 582 millones de pesos.
El despojo de tierras no sólo se ha basado en la corrupción burocrática, sino también en la falsificación de documentos y la compra de ejidatarios.
Carlos Abraham Mafud, empresario con presencia en siete ejidos de Yucatán, utilizó a empleados y prestanombres para que adoptaran el dominio pleno individual (DPI) de sus parcelas, una maniobra que le permitió eludir restricciones legales.
Este esquema fraudulento ha sido replicado por otros actores de la mafia agraria, entre ellos Rafael Acosta Solís, quien ha acumulado 5,073 solares listos para urbanización.
Como subprocurador de Justicia en el gobierno de Ivonne Ortega Pacheco, Acosta Solís manipuló documentos para hacerse de terrenos que hoy valen miles de millones de pesos.
TREN MAYA: EL PRETEXTO PERFECTO
Uno de los factores que ha elevado exponencialmente el valor de estas tierras es el trazado del Tren Maya. Lo que antes era selva impenetrable ahora se ha convertido en un territorio codiciado por inversionistas, especuladores y políticos.
El ejido Alfredo V. Bonfil y su Anexo, en Benito Juárez, son un ejemplo de ello. Con 5,186 solares destinados a urbanización, este núcleo agrario fue atravesado por el Tren Maya, lo que disparó su precio en el mercado.
Los especuladores, que ya tenían aseguradas sus parcelas, ahora esperan venderlas a precios exorbitantes.
Otro caso destacado es el de los Millet. Los hermanos Arturo y Mauricio Millet Reyes junto con Gabriel Guzmán Millet, suman 2 mil 895.7103 hectáreas en Yucatán y Quintana Roo.
Los hermanos empresarios fueron los dueños del equipo de futbol de segunda división conocido como Los Venados de Yucatán. En el juicio contra Genaro García Luna, salió a relucir el nombre de Arturo, porque supuestamente era prestanombres de un integrante de Cártel de Sinaloa.
A la fecha, Arturo Millet es considerado prófugo de la justicia por acusaciones de fraude, precisamente por la venta de terrenos. Es esposo de Gabriela López Gómez, quien fuera asesora de Comunicación Social y estratega de campaña durante el gobierno priista de Ivonne Ortega en Yucatán.
Priista siempre, hoy ya es parte de Morena y funge como asesora del gobierno de Joaquín Díaz Mena, el Guacho.
IMPUNIDAD TOTAL
Pese a la magnitud del despojo, ninguno de los implicados enfrenta consecuencias legales. El informe del RAN detalla cómo los empresarios han contado con la complicidad de jueces, notarios y funcionarios de los tres niveles de gobierno.
La realidad es que el Sureste mexicano ha sido vendido, pedazo a pedazo, al mejor postor. Mientras los campesinos pierden sus tierras, los nuevos terratenientes construyen complejos turísticos, hoteles de lujo y residencias privadas sobre lo que antes fue territorio comunal.
