- A pesar de haber sido sancionada por diversas autoridades, Altor continuó recibiendo adjudicaciones directas, según la ASF.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La consultora financiera Altor, propiedad de Fernando Aportela Rodríguez —exsubsecretario de Hacienda durante el gobierno de Enrique Peña Nieto— ha obtenido más de 30 contratos con dependencias del gobierno federal, con ingresos que superan los 40 millones de pesos.
De acuerdo con una investigación del medio EL CEO, gran parte de esos contratos están relacionados con proyectos prioritarios de la actual administración, como la asesoría financiera para la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y el Aeropuerto de Tulum, ambos a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
A pesar de haber sido sancionada por diversas autoridades —inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en 2019, multada por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y señalada como contribuyente incumplido por el SAT—, Altor continuó recibiendo adjudicaciones directas, según reportes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Además, la consultora ha incursionado en el sector bursátil. En 2024, inauguró formalmente su propia casa de bolsa, la única autorizada en este sexenio, con el respaldo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). A través de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD) listado en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA), logró captar 2,500 millones de pesos destinados a financiar infraestructura pública.
Altor está integrada por un grupo de exfuncionarios y empresarios con vínculos tanto académicos como políticos. Entre ellos se encuentran Marcela Andrade Martínez, ex titular de la Unidad de Coordinación con Entidades Federativas de la SHCP en el sexenio de Peña Nieto, y Gustavo Matías Gutiérrez León, empresario tabasqueño cercano al entorno del presidente López Obrador.
La firma también ha participado en la reestructuración de deuda pública en ocho estados: Jalisco, Oaxaca, Morelos, Tabasco, Sonora, Durango, Estado de México y Nuevo León. Por estos servicios, ha recibido pagos que superan los 134.8 millones de pesos. En Jalisco, por ejemplo, el contrato ascendió a 78.9 millones de pesos, mientras que en Oaxaca se pagaron 3.4 millones por la contratación de créditos a corto plazo.
En el ámbito privado, Altor ha adquirido empresas en dificultades financieras. En 2023, compró derechos litigiosos del Ingenio Puga y de la empresa Copaco, en Nayarit, en medio de procesos concursales. A través de sus fondos Altor Capital I y II, se convirtió en acreedora mayoritaria al adquirir deudas por unos 5 millones de dólares. Esta operación ha sido cuestionada por otros acreedores, como Sucroliq, que acusan a Altor de intentar tomar el control de las empresas mediante la ejecución de garantías, en perjuicio del resto de los involucrados.
El caso del Ingenio Puga continúa bajo revisión judicial, a la espera de una resolución sobre un convenio concursal aprobado por la mayoría de los acreedores, el cual favorecería a Altor.
Pese a las críticas y controversias, la consultora ha logrado consolidarse como un actor clave en el sistema financiero mexicano, emulando el modelo de asesoría gubernamental que en décadas pasadas siguieron firmas como Protego y Evercore. Su creciente influencia plantea cuestionamientos sobre los límites entre el poder técnico, el político y el empresarial.
