Zósimo Camacho
Los terratenientes engendrados por el neoliberalismo no sólo han privatizado propiedad social de la nación y despojado ejidos y comunidades agrarias. También han defraudado al fisco y, peor aún, han medrado con las necesidades de vivienda de miles de familias proletarias.
En sólo un caso, 130 hogares están viviendo un infierno, al ser informados que sus moradas, construidas muchas de ellas con sus propias manos, no les pertenecen. Y que los terrenos, por los que pagaron hasta el último centavo, tampoco son de su propiedad. Fueron embargados y adjudicados… ¡por el Servicio de Administración Tributaria (SAT)! Y los predios están siendo rematados… ¡por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep)!
Elvin Daniel Perera Góngora, abogado de formación, político por protección y acaparador de tierras por vocación, siempre fue un alfil del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en su región natal, Tizimín, Yucatán. En 2015 se pasó a Movimiento Ciudadano (MC) para contender por la presidencia municipal tizimileña, cargo que no consiguió. Pero sí le valió para integrase al cabildo como regidor.
Se hizo del dominio pleno de cientos de hectáreas de núcleos agrarios de Yucatán y Quintana Roo. Sólo en el ejido de Isla Mujeres, en los límites entre el municipio del mismo nombre y el de Benito Juárez, Quintana Roo, acaparó 16 parcelas con alrededor de 65 hectáreas. En una sola, identificada como la 387, efectuó una venta a cuatro ejidatarios y nombró un apoderado legal.
Así, a su vez, ejidatarios y apoderado vendieron 130 lotes a igual número de familias en 2001 para formar las colonias Electricistas y Los Peralta.
Luces del Siglo cuenta con copia de los contratos de compraventa celebrados entre cada jefe de familia y los ejidatarios o el propio Perera Góngora a través su apoderado legal, Rubén Hernán Ruiz Yam. Los lotes se vendieron entre 80 mil y 220 mil pesos que, en pagos puntuales, la gran mayoría de las familias cubrió en su totalidad. El expediente también integra las cartas de liberación de adeudo y los contratos de cesión de derechos posesorios firmadas por el abogado y político.
Las familias trabajadoras compraron así pedazos de sueño: lotes donde construir su hogar y, con ello, acceder al derecho a la vivienda. Lo que no sabían era que, una década después, el mismo hombre que les vendió la tierra, Elvin Daniel Perera Góngora, la usaría como moneda de cambio para saldar una deuda millonaria con el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Resulta que el organismo nacional encargado de la recaudación de impuestos encontró que este personaje había defraudado al fisco y debía 84 millones 88 mil 584.22 pesos en seis créditos fiscales, como consta en el oficio 400-97-0085-01-8517 el 25 de agosto de 2010 y del cual este medio cuenta con copia.
Las faltas de Perera Góngora habían sido detectadas desde 2009 y, luego de realizar las investigaciones correspondientes, en 2010, el SAT le requirió cubrir el adeudo. Lo que este personaje hizo es difícil de calificar:
Ofreció como garantía los terrenos que ya habían sido vendidos a las familias. Se aprovechó de que la regularización de la tenencia de la tierra demora años –incluso, décadas– y de que en el registro seguía apareciendo como dueño. Sin más, olvidó que la tierra ya no era suya y que le habían pagado por ella, como dan cuenta contratos firmados de su puño y letra y del de su apoderado legal.
Le salió su jugada. El SAT “aceptó” las tierras ese mismo año y ejecutó el embargo precautorio de las mismas, a pesar de que las colonias ya existían y las viviendas estaban edificadas. Entre 2011 y 2013, en las postrimerías del sexenio de Felipe Calderón y el inicio del de Peña Nieto, ejecutó la adjudicación de los terrenos a la nación. Todo pasó sin conocimiento de los vecinos.
Fue hasta que el otrora Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (Sae) empezó con la venta de los lotes, a 16 años de fundadas las colonias, cuando los vecinos se enteraron de que las tierras formalmente no les pertenecen. Todo se hizo subrepticiamente.
Hoy la resistencia principal recae en 35 familias de la colonia Electricistas, muchas de ellas encabezadas por mujeres jefas de familia, madres trabajadoras, que no cejan en defender un modesto patrimonio construido con todo en contra.
Mientras, ¿quiénes eran o son los “padrinos” de Elvin Daniel Perera Góngora, que le permitieron vender terrenos sin que cediera legalmente la propiedad? ¿Por qué el SAT, de Calderón a Peña, aceptó tierras con dueños de facto, con lotes urbanizados?
La ironía es cruel: el gobierno reclama como suyos los terrenos comprados con mucho esfuerzo por familias proletarias. El poderoso acaparador de tierras, que privatizó propiedad social, evadió al fisco y defraudó, al menos, a decenas de familias, ni se preocupa.
…Y han comenzado los desalojos de familias pobres, ejecutados por el organismo que hoy lleva por nombre Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
