Por KUKULKÁN
POR FÍN, el telón se levanta en uno de los dramas más jugosos de la política hídrica caribeña: el fallido intento de Aguakan por convencer al Poder Judicial de que quitarle su concesión no sólo es un ultraje legal, sino un atentado contra el mismísimo sistema financiero del país. Porque sí, señoras y señores, la empresa no sólo quería seguir operando el agua, sino también regar con lágrimas la Bolsa Mexicana de Valores.
CON un amparo que parecía redactado entre cafetales de Wall Street y baños contaminados de Cancún, el equipo legal de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, S.A. de C.V. –alias Aguakan– intentó darle una vuelta de tuerca a la justicia mexicana para que esta viera no la podredumbre del subsuelo ni la negligencia denunciada por vecinos hartos, sino el peligro que su cancelación representa para… ¡los fondos de retiro!
SEGÚN su razonamiento, no es la contaminación del manto freático, ni la laguna Nichupté hecha caldo de aguas residuales lo que debe alarmarnos, sino el impacto bursátil que podría sufrir el valor de sus acciones. Porque, como buen drama empresarial, Aguakan nos recuerda que detrás de cada agua turbia hay una fibra del sistema financiero temblando.
PERO el juez federal Mario Fernando Gallegos León no se dejó marear por las olas del mercado. A contracorriente del sentimentalismo mercantil, el Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo se dio el lujo de entrar al fondo del asunto, y ahí, entre caños rotos y argumentos oxidados, dinamitó el corazón de la defensa empresarial. Nada de tecnicismos sobre derechos de propiedad o lamentos financieros: aquí lo que importa es el derecho a un medio ambiente sano. Punto.
CON elegancia jurídica y precisión quirúrgica, el juzgador recordó que el Decreto 195, que extingue la concesión de Aguakan, no debía analizarse con lentes administrativos, sino con perspectiva ambiental. Porque, aunque suene radical, el agua no es un producto de supermercado ni una ficha bursátil: es un bien natural, vital, común. Y sí, se vale legislar para protegerlo.
NI SIQUIERA el comodín constitucional le funcionó a Aguakan. El equipo jurídico intentó revivir el viejo fantasma del artículo 115 para gritar que sólo los municipios pueden tocar las concesiones. Pero el juez, con jurisprudencia de la Suprema Corte en mano, les recordó que cuando una concesión se extiende por 30 años (y con prórroga hasta el 2053), el Congreso tiene voz, voto y hasta batuta para actuar. Si no les gustaba esa música, que no hubieran firmado el concierto legislativo hace una década.
Y PARA terminar de barrer la sala, el juez aplicó la máxima que duele más que una sequía en verano: “nadie puede alegar su propio dolo en su provecho”. Aguakan, que se benefició de los decretos anteriores del mismo Congreso para asegurar su trono hídrico, ahora se rasga las vestiduras porque ese mismo poder legislativo le retira la corona. Un berrinche que ni en telenovela de las nueve.
AH, pero no termina ahí. La empresa también alegó, con tono lastimero, que el gobierno pretende quedarse con su infraestructura sin indemnización. Otro argumento que se les deshizo como cal en agua, pues en ningún lugar del Decreto 195 aparece la temida expropiación sin pago. Pura agua de borrajas. Eso sí, esto no es el final del capítulo. Aguakan puede apelar, llorar en segunda instancia y seguir usando sus abogados como bombas de presión. Pero mientras tanto, el Congreso ya tiene listo el protocolo para el traspaso de bienes y servicios a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado.
AGUAKAN apostó por una defensa más económica que ética, más bursátil que ambiental. Pero la justicia le cerró la llave y le recordó que el agua, como el derecho, no se negocia al mejor postor. ¿Quién diría? Al final, no fueron las fugas ni las quejas ciudadanas lo que hizo tambalear su imperio acuático, sino la torpeza de creer que la justicia mexicana cotiza en la Bolsa.
