Proceso contra Aguakan está en su fase final, afirma el gobierno

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  • Gobierno de Quintana Roo afirma que proceso contra Aguakan está en fase final.
OMAR ROMERO

CANCÚN, Q. ROO.- El proceso judicial para revocar la concesión otorgada a Aguakan en cuatro municipios del norte de Quintana Roo se encuentra en su fase final, aseguró la secretaria de Gobierno estatal, Cristina Torres Gómez. 

Se espera que este año se alcance una resolución definitiva, aunque la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún (que opera comercialmente con el nombre de Augakan) tiene la facultad de presentar recursos legales para apelar, los cuales deberán ser respondidos por el gobierno estatal.

Refirió que el Poder Ejecutivo quintanarroense está siguiendo las instancias legales correspondientes, y expresó su confianza en los jueces y en la justicia. 

Por eso resaltó que, en esta etapa del proceso, ya no se presentan nuevas pruebas, sino que se analiza la documentación existente, siempre con el derecho de la población al acceso al agua potable de calidad como base fundamental.

En cuanto a las posibles afectaciones en caso de que se emita un fallo favorable al gobierno estatal, la secretaria aseguró que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) tiene la capacidad para asumir el servicio en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Playa del Carmen.

Reiteró que no hay motivo de preocupación, ya que se cuenta con la infraestructura necesaria y la intención de garantizar un servicio adecuado. 

Sin embargo, al tratarse de un asunto aún pendiente de resolución judicial, evitó proporcionar detalles adicionales.

Cabe recordar que, en abril de este año, el Juzgado Octavo de Distrito en Quintana Roo negó el amparo solicitado por Aguakan para revertir el decreto emitido por el Congreso del estado que declaró la extinción de su concesión. 

El juez consideró que el análisis del Decreto 195 debía abordarse desde una perspectiva jurídico-ambiental, y no meramente administrativa, ya que las pruebas aportadas demostraron que la concesionaria no ha cumplido con su obligación de mantener la infraestructura hidráulica en condiciones óptimas.

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