- La notificación de revocar a la Universidad de Harvard la certificación del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), deja en el limbo a 6,800 alumnos.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Fue el pasado jueves 22 de mayo cuando una notificación oficial estremeció los históricos muros de la Universidad de Harvard. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos revocaba, de forma inmediata, la certificación de la universidad en el Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP), prohibiéndole admitir nuevos alumnos internacionales.
Para los cerca de 6,800 estudiantes extranjeros matriculados en Harvard —el 27% de su matrícula total— esto significaba la posibilidad de tener que abandonar sus estudios y, en muchos casos, el país.
La administración del presidente Donald Trump justificó su decisión bajo un discurso de seguridad nacional. Aseguró que Harvard había incumplido requerimientos federales sobre información de sus estudiantes extranjeros, además de permitir “ambientes inseguros” relacionados con manifestaciones antisemitas y supuestos —aunque no probados— vínculos con el Partido Comunista Chino.
Trump, fiel a su estilo confrontativo, hizo sus propias cuentas, dijo que el 31% del alumnado era extranjero, y criticó que sus países de origen no contribuyen económicamente a su educación: “¿Por qué deberíamos subsidiar la formación de futuros líderes de otras naciones?”, cuestionó en conferencia.
La reacción de Harvard fue inmediata y contundente. Acusó al gobierno de violar el debido proceso y la libertad académica, pilares fundamentales de la institución. Denunció la medida como una acción “ilegal, arbitraria y profundamente dañina”.

Interpusieron una demanda federal que, en tiempo récord, obtuvo una orden de restricción temporal para bloquear la implementación de la prohibición.
Un tribunal federal de Massachusetts revocó el viernes siguiente la prohibición de la Casa Blanca contra la matriculación de alumnos extranjeros en la Universidad de Harvard tras admitir la moción presentada sólo horas antes por la propia institución educativa.
La magistrada, Allison Burroughs, pronunció un fallo a favor de la universidad en la demanda presentada contra la Administración Trump, que un día antes prohibió la matriculación de estudiantes extranjeros en un nuevo episodio de su enfrentamiento con la institución educativa, a la que acusa de ser un caldo de cultivo de antisemitismo y conductas “proterroristas” a favor de la causa palestina en la guerra de Gaza.
Según recogió CNN, Burroughs es la misma jueza que está deliberando sobre otra demanda de Harvard contra una orden de Trump sobre la congelación de unos 2,500 millones de euros en fondos federales.
Voces del mundo; escándalo internacional
La decisión desató una ola de críticas globales. China, país de origen de 1,203 estudiantes en Harvard, fue uno de los primeros en alzar la voz. Calificó la medida como una “politización grosera” de la cooperación educativa y un golpe a la reputación global de Estados Unidos.
India, el segundo país con más presencia en Harvard (788 estudiantes), junto a Canadá, Corea del Sur y el Reino Unido, también expresó su preocupación. Gobiernos como el de Australia ofrecieron incluso recibir a los estudiantes desplazados por la medida.
Vidas en pausa, sueños suspendidos
Para miles de jóvenes de 147 países, este conflicto se tradujo en angustia, incertidumbre y decisiones forzadas. Muchos comenzaron a gestionar transferencias a otras universidades, mientras otros permanecen atrapados en un limbo migratorio. La comunidad académica global ha denunciado esta acción como un atentado contra la autonomía universitaria y el derecho a la educación internacional.
La crisis también sacó a relucir la importancia de Harvard en la formación de élites políticas internacionales. México es un ejemplo claro: Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, Tatiana Clouthier, Graciela Márquez, Gerardo Esquivel, entre muchos otros, son producto de sus aulas. La medida de Trump no sólo amenaza a estudiantes anónimos, sino al semillero de futuros líderes, embajadores, economistas y tomadores de decisiones que, como sus antecesores, podrían algún día regir los destinos de sus países.
Mientras la batalla legal continúa, el caso de Harvard se convierte en un símbolo: el de una educación sin fronteras amenazada por políticas de encierro, y el de miles de jóvenes atrapados entre dos fuegos —el del nacionalismo político y el de su deseo legítimo de aprender.