- La Suprema Corte de Justicia creada en 1995 por la reforma judicial del entonces presidente Ernesto Zedillo se dispone a entrar en su etapa terminal.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La Suprema Corte de Justicia creada en 1995 por la reforma judicial del entonces presidente Ernesto Zedillo, y que actualmente comanda la ministra presidenta Normal Piña, se dispone a entrar en su etapa terminal, a tres meses de ser reemplazada por quienes serán electos en las urnas este domingo 1 de junio.
El Pleno de la Corte tuvo su última sesión pública en lunes. A partir de la próxima semana, ya sólo tendrá una sesión pública semanal, los martes, mientras que las Salas sólo tendrán una sesión quincenal para discutir y votar asuntos, en vez de hacerlo una vez por semana, como fue costumbre durante 30 años.
Eso quiere decir que al Pleno sólo le quedan 10 sesiones hasta la última el 12 de agosto, mientras que las Salas sólo tendrán cinco, para terminar el 13 de agosto.
Con cifras al pasado 20 de mayo, la Corte tenía 859 asuntos repartidos en ponencia pendientes de resolución, de los que sólo 369 contaban ya con un proyecto de sentencia.
La gran mayoría de estos casos ya no serán votados por la actual integración, cuyos reemplazos decidirán su desechan los proyectos que hereden o le dan seguimiento y emiten los fallos en cuestión.
Desde el pasado 16 de abril, la Presidencia de la Corte ya sólo está turnando a los ministros y ministras los asuntos considerados como “urgentes”, mientras que el resto se están acumulando en la Secretaría General de Acuerdos, para que la nueva integración decida el trámite correspondiente.
en-recta-final-la-corte-de-norma-pinaEl Pleno inició su sesión del lunes con una lista de 44 asuntos pendientes, y difícilmente se agregarán casos nuevos de relevancia, salvo los que existan en materia electoral, que se deben resolver de manera prioritaria.
El asunto más importante en lista del Pleno es un expediente para que el Poder Judicial Federal (PJF) instrumente la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de enero de 2023, que ordena a México suprimir la prisión preventiva oficiosa, prevista en el artículo 19 de la Constitución.
Este expediente, que ocupa el sexto lugar en la lista, se viene aplazando desde enero de 2024, ante amenazas del gobierno sobre las consecuencias que tendría acatar la orden de la CoIDH. Bastan seis votos para aprobar una resolución en cualquier sentido.
La elección judicial, además, ocupará parte del tiempo que le queda a la actual integración de la Corte, pues la Constitución la obliga a calificar la validez de la elección de dos magistrados de Sala Superior y quince de Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Calificar la validez de un proceso electoral es una función novedosa para la Corte, que tendrá que recibir los medios de impugnación de los candidatos al TEPJF derrotados, resolverlos, y eventualmente, confirmar la declaratoria de validez de la elección, o declarar la nulidad por alguna irregularidad.
*Con información de Agencia Reforma
