- Mara Lezama participó en la instalación del nuevo Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- En una videollamada oficial, gobernadoras, funcionarios federales y representantes de organismos autónomos se conectan desde distintos puntos del país. La escena puede parecer rutinaria, pero lo que se discute es todo menos menor: la instalación del nuevo Consejo del Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública y la aprobación de sus reglas de operación.
Se habla de transparencia, de rendición de cuentas, de fortalecer el derecho a saber. Todo en un país donde la opacidad ha sido la norma durante décadas.
Las reglas aprobadas están diseñadas para ser el esqueleto de una nueva política nacional de acceso a la información. Definen cómo coordinarse entre instituciones, cómo evaluar los programas, cómo involucrar a la sociedad civil. Son obligatorias para todas las entidades federativas. Y, sin embargo, no queda claro cuántos gobiernos estatales las han asumido con verdadera seriedad.
La narrativa oficial insiste en que la transparencia ya no es un adorno institucional, sino una herramienta operativa. Y aunque suena bien, el reto será sostener ese discurso con hechos concretos. Más allá del lenguaje técnico y los acuerdos de escritorio, lo que está en juego es si el país puede realmente transformar su relación con la información pública. Si los ciudadanos seguirán chocando con puertas cerradas al pedir cuentas, o si, finalmente, el Estado aprenderá a mirarse con honestidad.
Pero la noticia no está sólo en las reglas. También está en los actores. La instalación del nuevo Consejo Nacional del SNAIP, ahora encabezado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en lugar del INAI, ha desatado una conversación profunda sobre los riesgos de concentrar decisiones en espacios más cercanos al Ejecutivo.
A pesar de este viraje institucional, el propósito se mantiene: consolidar una cultura de transparencia, fortalecer la confianza ciudadana y evitar que la información pública siga siendo rehén de intereses opacos.
Formalmente, todos los estados están obligados a alinearse a estas nuevas reglas. Sin embargo, no existe hasta el momento un registro público que acredite cuántos gobiernos estatales han suscrito o implementado activamente estos lineamientos. En la práctica, el compromiso varía de una entidad a otra, y la opacidad en la implementación se vuelve, irónicamente, una sombra dentro del propio sistema de transparencia.
En este contexto, destacó la participación de la gobernadora Mara Lezama, quien ha colocado la transparencia en el centro del Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo. Durante la instalación del Consejo del SNAIP, celebrada de forma virtual, Lezama reiteró que en su administración “el dinero es del pueblo, no del gobierno” y que combatir la corrupción es una prioridad operativa.
La sesión también contó con la presencia de representantes del Archivo General de la Nación, del Instituto Nacional Electoral, del Centro Federal de Conciliación y otras instituciones que buscarán homologar criterios para hacer más eficiente la aplicación del derecho a saber.
