- Aprueban senadores reforma para que toda declaración de compromiso ecológico esté respaldada por documentación técnica y evidencia verificable; de lo contrario queda prohibida su difusión en etiquetas, publicidad o promociones.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- Durante años, la conciencia ambiental ha sido convertida en mercancía. Empresas de todo tipo, desde fabricantes de alimentos hasta grandes marcas de cosméticos y servicios, han recurrido a etiquetas verdes, hojas impresas en empaques y lemas que hablan de sostenibilidad, cuidado del planeta y responsabilidad ecológica.
Pero detrás de esas promesas, en la mayoría de los casos, no hay evidencia científica, ni prácticas reales. Solo marketing. En México, este fenómeno –conocido globalmente como greenwashing– ha proliferado sin control. Hasta ahora.
Esta semana, el Senado dio un paso inédito para frenar ese tipo de engaño. La Comisión de Defensa de los Consumidores aprobó por unanimidad una iniciativa presentada por el senador chiapaneco Luis Armando Melgar que reforma la Ley Federal de Protección al Consumidor, estableciendo nuevas obligaciones para las empresas que hagan afirmaciones ambientales.
El cambio es puntual pero significativo: a partir de esta reforma al artículo 32, toda declaración de compromiso ecológico deberá estar respaldada por documentación técnica y evidencia verificable. Sin eso, queda prohibida su difusión en etiquetas, publicidad o promociones.
“México no puede ni debe ser el basurero del mundo”, advirtió Melgar, al explicar cómo muchas compañías que respetan normas estrictas en sus países de origen, llegan a México a operar con doble discurso. “Queremos una cancha pareja, donde las reglas se respeten y los compromisos sean reales”.
La práctica del greenwashing no solo daña el medio ambiente; también corroe la confianza de los consumidores. A quienes, desde los anaqueles del supermercado o en plataformas digitales, se les vende la ilusión de que están tomando decisiones conscientes, cuando en realidad están siendo manipulados con símbolos sin sustento.
El engaño es doble: se trafica con la esperanza de un futuro más limpio y se lucran con acciones que, lejos de mitigar el daño ambiental, lo encubren.
La propuesta de Melgar obliga además a la PROFECO y a la SEMARNAT a emitir, en un plazo de 180 días, los lineamientos que delimiten qué se puede considerar ecológico, sostenible o responsable en términos publicitarios. Esto significa, por primera vez, establecer criterios técnicos claros para frenar el abuso del lenguaje verde.
“Cada palabra, cada etiqueta que promete cuidar al planeta, deberá demostrarlo con pruebas”, sentenció el senador.
Los senadores están conscientes de que la reforma no resuelve todo, pero pone un freno a una industria que ha hecho de la conciencia ambiental una estrategia comercial. Además, proteger al consumidor no es solo evitar abusos en precios, sino también desenmascarar discursos vacíos que, bajo la apariencia de responsabilidad, perpetúan prácticas nocivas.
