- Periodistas campechanos marcharon para protestar contra la decisión de la jueza Guadalupe Martínez Taboada, por vincular a proceso al periodista Jorge González Valdez.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CAMPECHE, CAMP.- Periodistas campechanos marcharon el martes entre el Palacio de Gobierno y el Congreso local de Campeche para protestar contra la decisión de la jueza Guadalupe Martínez Taboada, por vincular a proceso al periodista Jorge González Valdez de 71 años por los presuntos delitos de Incitación al Odio y a la Violencia.
Además, la juzgadora le prohibió ejercer su profesión durante dos años, y cerrar la edición digital del periódico Tribuna.
Alrededor de una decena de comunicadores partieron del parque de San Martín portando una pancarta que reclaman “alto al acoso judicial contra los periodistas”, y se dirigieron al palacio estatal, donde realizaron un plantón por varios minutos.
González Valdez intervino en el plantón para agradecer la solidaridad de diversas agrupaciones de periodistas, tanto nacionales como extranjeras como Reporteros sin Fronteras y Artículo 19, que han abordado el caso y denunciado.
La determinación legal es consecuencia presuntamente de señalamientos realizados por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, quien aseguran tiene pretensiones de censurar la crítica periodística que se ha hecho contra su gestión.
En la sede del Poder Legislativo local, el representante del Club de Periodistas Campechano, Enrique Cruz Carranza, condenó la actitud autoritaria de la mandataria Sansores San Román al criminalizar el ejercicio periodístico, y considerar que la crítica a los servidores públicos es incitación al odio y la violencia.
Otros periodistas como Abraham Martínez y Luis Armando Mendoza, quienes enfrentan asedio judicial y que también han sido víctimas de agresiones y atentados, acusaron que en Campeche el ejercicio del periodismo se ha convertido en un riesgo ante la obsesión de la gobernadora por acallar la crítica y censurar a los medios, como ha ocurrido con Jorge González Valdez.
La determinación de la juzgadora se realizó el pasado 13 de junio, cuando se determinó la vinculación a proceso al periodista González Valdez ex director del diario Tribuna, por incurrir en los presuntos delitos de incitación al odio y a la violencia contra la gobernadora Layda Sansores, además se ordenó el cierre de esa plataforma digital y le prohibió al comunicador ejercer esta actividad.
En una decisión sin precedentes, que se tomó después de una audiencia de más de 12 horas, la jueza Martínez Taboada también determinó vincular a proceso al representante de Organización Editorial del Sureste, que es la empresa editora de Tribuna, Isidro Yerbes, lo que los afectados consideraron que “sienta un ominoso futuro para los periodistas independientes”.
A pesar de los argumentos de la defensa que probó con documentos oficiales que González Valdez se jubiló desde el año 2017 y que no tiene funciones directivas en la página digital del periódico, la jueza lo encontró culpable de haber ordenado la publicación de las supuestas ofensas contra la gobernadora por lo que lo vinculó a proceso por los delitos de incitación al odio y a la violencia y además le prohibió ejercer el periodismo, actividad a la que se ha dedicado desde hace más de 50 años.
La gobernadora se quejó de que desde las publicaciones de la página digital de Tribuna se instrumentó un ataque sistemático de ofensas personales en su contra por su condición de mujer, y se incurrió en “libertad de agresión” en lugar del ejercicio de la libertad de expresión.
Apenas el pasado 9 de abril pasado, el periodista González Valdez fue detenido por elementos de la policía estatal por presuntas faltas a la autoridad y lesiones a uno de los agentes, cuando el comunicador intentó defender a un motociclista que fue retenido por no portar sus documentos en orden.
El periodista fue sometido con violencia y después fue arrestado en los separos de la Fiscalía Estatal por 36 horas.
El exdirector de Tribuna también fue sentenciado a pagar una indemnización de dos millones de pesos al director estatal de Comunicación Social, Walther Patrón Bacab, por presunto daño moral.
Aunque no se ha dictado la prisión preventiva porque el imputado es de la tercera edad -tiene 71 años– denunció que a través de mecanismos ilegales fueron embargadas sus propiedades para garantizar el pago de la sanción impuesta por la denuncia por daño moral.
De acuerdo con los abogados defensores del periodista, la gobernadora Sansores San Román habría violado varios ordenamientos legales, pues a pesar de que presentó la demanda en su calidad de ciudadana, utilizó a abogados de la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado para llevar legalmente su caso.
