Se opone IP a regularización de viviendas de Infonavit

• Organizaciones empresariales expresaron su oposición a que se entreguen viviendas, que ya están ocupadas de manera irregular.

STAFF / AR

CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones empresariales expresaron su oposición a que se entreguen viviendas, que ya están ocupadas de manera irregular, a precios subsidiados, según la propuesta del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

A través de un comunicado destacaron que el Infonavit no puede disponer de viviendas que legalmente no le pertenecen, ni transferirlas a terceros sin vulnerar derechos de propiedad.

“Expresamos nuestra firme oposición a la propuesta anunciada por el director del Infonavit sobre la regularización de viviendas invadidas mediante esquemas de arrendamiento con opción a compra, a precios subsidiados.

“Esta medida contradice el mandato legal del Instituto y amenaza con institucionalizar la ilegalidad, poniendo en riesgo los ahorros de millones de trabajadores que aportan a este fondo”, detallaron.

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Dichas organizaciones son Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX), Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, A. C. (Comce) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET).

Destacaron que el Infonavit fue creado para proteger el patrimonio de los trabajadores, no para avalar ocupaciones irregulares ni convertir en beneficiarios a quienes han tomado inmuebles que no les pertenecen.

“Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigimos que las autoridades competentes -en especial la Asamblea del Infonavit- detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley.

“El Instituto no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes. Las funciones de atención a población no afiliada corresponden a otras instancias, como la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) o la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

De las 168 mil viviendas censadas hasta el momento por la Secretaría del Bienestar, de un universo total de 843 mil -con una inversión de 700 millones de pesos-, 86 por ciento están habitadas por personas sin ningún vínculo jurídico con el Instituto ni con los legítimos propietarios.

Ante ello, dijeron que pretender que estos ocupantes puedan adquirir los inmuebles, por debajo de su valor real, representa un grave precedente.

Si bien reconocen la respuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que “la propiedad privada está resguardada” y que no se trata de “quitarle una vivienda a quien le pertenece”, aclarando que no debe haber “malas interpretaciones” al respecto, pidieron que esa posición se traduzca en acciones concretas.

Agregaron que la certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras, legales y plenamente alineadas con el interés de los trabajadores y el marco constitucional.

Desde 2015, el Infonavit enfrentó una crisis de gestión, donde el índice de morosidad se disparó del 7.8 por ciento en 2018 a más del 18 por ciento en 2024, y si consideramos los créditos segregados, el deterioro de la cartera crediticia asciende al 32 por ciento, es decir, uno de cada tres financiamientos otorgados presenta incumplimientos de pago.

Comentaron que en lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema

“Se pretende extender ese criterio a invasores, incluso cuando las viviendas no son propiedad del Infonavit sino que siguen formando parte del patrimonio de acreditados que han cumplido con sus obligaciones o tienen alguna situación pendiente con el pago de su crédito.

“Esto representa una vulneración directa al derecho de propiedad y mina la certeza jurídica en nuestro País”, explicaron.

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