- Sumarán a la Secretaría de Hacienda al combate contra el millonario negocio de la trata de personas en México.
FELIPE VILLA
CIUDAD DE MÉXICO.- La Comisión de Derechos Humanos del Senado aprobó una reforma con potencial disruptivo en la lucha contra uno de los crímenes más lucrativos y arraigados en México: la trata de personas. Con 12 votos a favor, se avaló el proyecto que incorpora a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) a la Comisión Intersecretarial encargada de combatir este delito. La intención es clara: seguir el dinero.
“Se trata de atacar este delito donde más les duele a los delincuentes, en el aspecto económico”, afirmó Reyna Celeste Ascencio Ortega, presidenta de la comisión y promotora de la iniciativa. La senadora destacó que la participación de la autoridad hacendaria fortalece el enfoque multidisciplinario para enfrentar la trata, un delito que mueve alrededor de 3 mil millones de dólares anuales solo en México.
La reforma a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas incluye, además, la actualización de denominaciones institucionales y faculta directamente a Hacienda —y en particular a su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)— para investigar y denunciar ante el Ministerio Público las operaciones sospechosas que pudieran estar financiando redes de trata.
Este enfoque apunta a desmantelar no solo las estructuras operativas, sino también los circuitos financieros que permiten el crecimiento y protección de estas redes. En palabras del dictamen, la UIF podrá actuar para detectar y congelar recursos económicos que puedan estar siendo utilizados para facilitar o encubrir la trata de personas, lo que representaría un cambio de fondo en la estrategia de persecución penal.
El proyecto también reconoce el papel de la SHCP en el conocimiento de las necesidades presupuestales del resto de las instituciones que integran la Comisión Intersecretarial. Este punto no es menor, considerando que gran parte de las fallas del Estado frente a este delito se relacionan con la insuficiencia de recursos para atender a las víctimas, reforzar las fiscalías especializadas y capacitar al personal judicial.
La trata de personas se ha convertido en el tercer delito más lucrativo en México, superado únicamente por el narcotráfico y el tráfico de armas. Mujeres, niñas, migrantes y personas en situación de pobreza son los blancos principales de estas redes, las cuales operan con un alto nivel de impunidad y en muchos casos, con complicidad institucional.
A nivel global, el negocio de la trata mueve más de 32 mil millones de dólares al año. En México, los principales focos de explotación están vinculados a la industria del turismo, la agricultura, la minería informal y los centros urbanos con alta movilidad migratoria.
La inclusión de Hacienda no sólo permite seguir el dinero, también introduce una lógica de fiscalización y transparencia que hasta ahora había estado ausente en la política pública contra la trata. “Este paso es fundamental para cerrar el círculo de impunidad en torno a este crimen”, remarcó Ascencio Ortega.
Con esta reforma, el Senado no sólo plantea una corrección legal, sino una estrategia concreta para cortar el flujo de capitales ilícitos que sostiene este delito. El reto ahora será implementar estos cambios de forma efectiva y garantizar que los recursos financieros sean no solo rastreados, sino incautados y utilizados para reparar a las víctimas y prevenir nuevas violaciones.
