- Especialistas hicieron un llamado urgente a la Profepa para inspeccionar y sancionar al Gobierno de Nuevo León.
STAFF / AR
MONTERREY, NL.- Al advertir que el Estado incumple el resolutivo de impacto ambienta autorizado por la Semarnat para la construcción de la Línea 4 del Metro, especialistas hicieron un llamado urgente a la Profepa para inspeccionar y sancionar al Gobierno de Nuevo León por depositar toneladas de relleno en el Río Santa Catarina, pese a que la Conagua ya le ordenó retirarlo.
Si el escombro permanece en el cauce, señaló el biólogo Antonio Hernández, la vegetación no crecerá en el tramo norte del afluente, la capacidad de flujo disminuirá y la barrera natural que protege la infraestructura del Río quedará comprometida.
“El Metro tiene una autorización de impacto ambiental otorgada por la Semarnat al Gobierno de Nuevo León, en la cual se define que todos los residuos que generen por la implementación por las obras del Metro, deben de contar con una autorización y una disposición final”, expuso Hernández.
“No están cumpliendo esa condicionante del permiso, y quien debe tener la intervención es la Profepa, porque la institución que revisa el cumplimiento en los resolutivos que da la Semarnat es la Profepa.
“Uno, no cumplen el permiso que les dio la Semarnat y dos, la Profepa no está revisando el cumplimiento del resolutivo de impacto ambiental; al ser evidente el incumplimiento, tendrían que ser sancionado por la Conagua y la Profepa”, añadió.
Mientras el Gobernador Samuel García presume una declaratoria para proteger al Río Santa Catarina, la construcción de la Línea 4 del Metro, obra emblemática de su Administración, viola sus propias disposiciones al depositar toneladas de tierra y escombro al cauce.
Y aunque la Conagua ordenó desde hace un mes el retiro de ese material, la Secretaría de Movilidad y Planeación Urbana, a cargo de la obra, aún no ha dado cumplimiento.
Los residuos de las obras del Metro en la Avenida Constitución se han acumulado por meses, como evidenció EL NORTE el pasado 24 de mayo.
Andrea Villarreal, integrante del colectivo Un Río en el Río, exigió a las autoridades cumplir la orden emitida por la Conagua.
“Exigimos que se cumpla y que exista congruencia entre el discurso estatal de protección al río y sus acciones”, comentó la activista.