Julio Jiménez Martínez
En el marco de la presentación de la nueva estrategia para combatir el delito de extorsión, el gobierno de MORENA ha reconocido un incremento del llamado “Impuesto del Crimen”, conocido comúnmente como extorsión. Este fenómeno criminal se ha expandido y diversificado en más de 16 modalidades. De acuerdo con cifras del INEGI, se ha reportado un aumento superior al 57.62 % en comparación con enero de 2018, registrándose actualmente más de 39.67 casos diarios frente a los 18.89 reportados en aquel año.
Por su parte, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que, en el primer semestre de 2025, se registró un alarmante incremento del 36% a nivel nacional, con 3,879 nuevos casos y más de 4,588 carpetas de investigación abiertas. Esta creciente incidencia se concentra en ocho estados de la República Mexicana considerados de alto riesgo para inversionistas, emprendedores y el sector empresarial en general: Estado de México, Nuevo León, Guerrero, Veracruz, Michoacán, Guanajuato, Sinaloa, Jalisco y Ciudad de México.
Las pérdidas económicas derivadas de este delito ascienden a más de 65 mil millones de pesos anuales, generando aumentos en los precios de productos, bienes y servicios, además de desincentivar la inversión productiva y la generación de empleos formales. Asimismo, ha provocado una creciente percepción de inseguridad en las rutas de distribución, mayores costos de transporte y un control ilegal por parte de grupos delictivos, quienes regulan a los comerciantes, clasifican a los proveedores y autorizan los precios, marcas y productos que pueden comercializarse en sus zonas de influencia.
La nueva estrategia nacional contempla diversas rutas de prevención, como la realización de operativos en centros de reinserción social para el aseguramiento de equipos de comunicación, campañas de difusión en medios, la habilitación del número “089” para denuncias anónimas, así como el fortalecimiento de unidades especializadas en las fiscalías, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera para el bloqueo de cuentas bancarias y la detención de generadores de violencia.
No cabe duda de que, en los últimos siete años, el delito de extorsión o “derecho de piso” se ha convertido en una herramienta de control económico-social e intimidación político-gubernamental. Diversos grupos de la delincuencia organizada han corrompido o coaccionado a autoridades estatales, municipales e incluso federales, con el objetivo de operar en total impunidad, amparados por servidores públicos corruptos.
De acuerdo con los nuevos parámetros para la prevención y combate de este fenómeno delictivo, se propone reformar el artículo 73 constitucional para establecer una Ley General contra la extorsión. También se plantea modificar el artículo 20 constitucional, el Código Penal Federal y el Código Nacional de Procedimientos Penales, con el objetivo de aumentar y homologar las penas por este delito en todo el país, que sea perseguido de oficio y clasificado como delito grave, al igual que el secuestro, la violación, la desaparición forzada o el feminicidio.
En conclusión, vale la pena destacar que esta nueva estrategia deberá contar con un presupuesto considerable para su implementación a nivel estatal y federal, así como una auténtica voluntad política para lograr la coordinación interinstitucional. Sólo así se garantizará la asignación adecuada de recursos económicos, humanos, tecnológicos y materiales que permitan obtener resultados reales en la prevención y combate de la extorsión, más allá de las cifras que alimentan la percepción de simulación e impunidad en el país.
El Dr. Julio Jiménez Martínez es Vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados “Foro México”.
