Zósimo Camacho
No sólo es el glifosato. En México, 210 plaguicidas altamente peligrosos (PAP) están autorizados para su uso, a pesar de que 171 de ellos están prohibidos en otros países debido a sus graves efectos en la salud humana y el medio ambiente.
Este dato, revelado en el informe Lista de Plaguicidas Altamente Peligrosos autorizados en México y Prohibidos en otros Países 2025, elaborado por la Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) y académicos de la Universidad Autónoma de Nayarit, expone una crisis silenciosa que afecta a millones de personas, especialmente a comunidades vulnerables. La inacción del Estado viola derechos humanos fundamentales y perpetúa un modelo agrícola insostenible y tóxico.
Entre los PAP destacan sustancias como el clorpirifos, un insecticida neurotóxico vinculado a daños en el desarrollo infantil, cuya prohibición global ya fue acordada en el Convenio de Estocolmo. A pesar de esto, en México sigue ¡recomendado! para el control de mosquitos por el Centro Nacional de Prevención y Control de Enfermedades (Cenaprece), lo que expone a la población a riesgos innecesarios. También resaltan el fipronil y los neonicotinoides (imidacloprid y tiametoxam), responsables de la muerte masiva de abejas –esenciales para la polinización– y prohibidos en la Unión Europea. El glifosato, herbicida clasificado como probable cancerígeno, completa esta lista ominosa.
Los efectos de estos químicos son devastadores. El estudio científico detalla los estragos a la salud humana. Cuarenta y cinco PAP son probables cancerígenos, 42 afectan la reproducción humana y 46 son disruptores hormonales.
Mientras, para el medio ambiente, 79 resultan altamente tóxicos para las abejas, 17 para organismos acuáticos y 14 persisten en agua y suelo, contaminando ecosistemas.
El informe denuncia la falta de acción de autoridades como la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para cumplir con la Recomendación 82/2018 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que exige una prohibición progresiva de los PAP.
Esta negligencia viola derechos de manera flagrante, como el derecho a la salud, especialmente de niños, mujeres embarazadas y trabajadores agrícolas; el derecho a un medio ambiente sano, al permitir la contaminación de agua, suelo y alimentos, y el derecho a la información, ya que no existe un registro público transparente sobre el uso de estos plaguicidas.
Los autores del informe proponen medidas concretas. Entre ellas, la prohibición inmediata de los PAP más dañinos, como el clorpirifos y el glifosato, siguiendo el ejemplo internacional. También, diseñar una política de Estado con enfoque de derechos humanos, que coordine a las secretarías involucradas para establecer metas medibles y plazos claros.
Además, urge una transición agroecológica, que promueva alternativas sostenibles en lugar de depender de agrotóxicos; una medida que de manera incipiente inició el sexenio pasado y que hoy está abandonada. Propone, asimismo, construir un sistema nacional de vigilancia, con datos accesibles sobre el uso de plaguicidas y sus impactos.
Lo que es claro es que México enfrenta una encrucijada: seguir permitiendo el envenenamiento gradual de su población y ecosistemas, o actuar con decisión para proteger la vida. La experiencia internacional demuestra que es posible producir alimentos sin sustancias tóxicas. Las poblaciones campesinas, académicos y organismos de derechos humanos ya han alzado la voz. Ahora, es turno del gobierno de escuchar y cumplir su obligación de garantizar un futuro seguro y saludable para todos.
El valioso estudio del doctor Fernando Bejarano González, del RAPAM, con la colaboración de las doctoras Aurora Elizabeth Rojas García y Yael Ivette Bernal Hernández de la UAN, muestra la necesidad de reformar las políticas agrícolas y sanitarias en México. Los datos citados reflejan un consenso científico internacional sobre los riesgos de 210 plaguicidas utilizados en México sin restricción alguna.
¿Qué estamos comiendo? ¿Con qué nos alimentan las grandes trasnacionales que controlan la producción de alimentos en México y el mundo? ¿Hasta cuándo se le pondrá freno a la alta burguesía de la industria agroquímica que produce estos venenos y vende como paquetes productivos junto con semillas genéticamente modificadas? La información científica ahí está. Que se les llame a cuentas por crímenes ambientales y a la salud humana, se ve difícil. ¿Al menos se les prohibirá utilizar estos tóxicos?
