- Confirman tribunales legalidad en despido de más de 1,300 trabajadores de confianza.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
OAXACA, OAX.- El Gobierno de Oaxaca logró una victoria legal clave, en torno a los litigios derivados del controvertido Decreto 24 emitido hace casi un año, con el que eliminó 1,344 plazas de trabajadores ‘de confianza’, plazas heredadas por la administración anterior.
Hace unos días, se publicaron dos jurisprudencias que confirman la legalidad de esa medida y refuerzan la posición jurídica del gobierno estatal frente a los más de 800 amparos promovidos por ex trabajadores despedidos.
Geovany Vázquez Sagrero, Consejero Jurídico y Asistente Legal del Gobierno de Oaxaca, informó que dichas jurisprudencias fueron emitidas tras el análisis de diversos tribunales y salas especializadas.
En ellas se concluye que los despidos derivados del Decreto 24 no son actos reclamables vía amparo, al tratarse de una facultad administrativa amparada en la Ley del Servicio Civil, y en una revisión de la administración pública en coordinación con el Congreso del estado.
El decreto, expedido en diciembre de 2024 a solicitud del gobernador Salomón Jara Cruz, anuló cientos de contratos de trabajadores de confianza, argumentando que muchas de esas plazas fueron asignadas de forma irregular a amigos y hasta familiares de funcionarios; se crearon puestos sin una justificación, sin convocatoria pública, sin un requerimiento administrativo, como recompensas política, lo que atenta contra los principios de legalidad, austeridad y eficiencia del gasto público.
“Los tribunales han ido desechando y sobreseyendo los amparos porque no se violentaron garantías individuales, como se alegaba. En la solicitud hecha al Congreso no se incurrió en inconstitucionalidad, ya que no era un acto unilateral sino una decisión de coordinación y apego al procedimiento contemplado por la Ley del Servicio Civil”, explicó Vázquez Sagrero.
Incluso en los pocos casos donde se concedieron suspensiones provisionales, las resoluciones posteriores han revocado los efectos. Las únicas excepciones han sido aquellas en que los ex trabajadores enfrentan enfermedades que requieren atención médica urgente, para no afectar su derecho a la salud.
El funcionario también señaló que algunos ex servidores públicos ahora buscan litigar por la vía laboral, pero los tribunales ya han rechazado algunas demandas de reinstalación, pago de salarios caídos o continuidad laboral.
“No existen elementos jurídicos sólidos para revertir el decreto”, afirmó.
El impacto del Decreto 24 no solo fue legal, sino también financiero, ya que de acuerdo con las estimaciones la medida permitió un ahorro inicial de 2 mil 24 millones de pesos mensuales en 2024, proyectado a 2,600 millones mensuales para los próximos años. Esos recursos, serán redirigidos a programas sociales, infraestructura, salud, educación y pensiones.
