Julio Jiménez Martínez
No cabe duda de que, a pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano por brindar confianza a los usuarios y certeza a los inversionistas —a través de la intervención de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores—, los contundentes señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos han provocado una grave crisis en el sistema financiero. Este organismo acusa a tres instituciones financieras de presuntos vínculos con grupos de la delincuencia organizada, dedicados al tráfico de fentanilo y al lavado de dinero.
Debemos aclarar que el creciente debilitamiento de los perfiles de negocio y el aumento en la desconfianza hacia las operaciones financieras de las tres instituciones involucradas en este polémico escándalo han provocado un daño considerable a su prestigio institucional. Esta situación detonó una fuerte caída en la calificación otorgada por la agencia internacional Fitch, debido a presuntas omisiones en materia de prevención de lavado de dinero, vinculadas al tráfico ilícito de opioides.
Los cambios en la calificación de largo plazo para Intercam Banco resultan preocupantes: se redujo de “B” a “CCC”, mientras que la calificación de corto plazo pasó de “B” a “C”.
La situación de CIBanco también es alarmante. Su calificación de largo plazo descendió de “B” a “CCC”, y la de corto plazo se redujo de “B” a “C”.
Por su parte, Vector Casa de Bolsa sufrió una disminución similar: la calificación de largo plazo bajó de “B” a “CCC”, y la de corto plazo se redujo de “B” a “C”.
En el caso de CIBanco e Intercam, el daño a su imagen institucional, el incremento en la desconfianza de inversionistas y la incertidumbre de sus clientes han provocado una escalada en el retiro de inversiones y la cancelación de fideicomisos. Todo ello se ha originado tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Mientras tanto, crece la preocupación por la posible desaparición de más de 7,000 empleos a nivel nacional. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), hasta abril pasado CIBanco contaba con 3,882 empleados en 314 sucursales, mientras que Intercam reportó 4,355 empleados en 82 sucursales.
Para evitar una parálisis del sector fiduciario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció el pasado 4 de julio un esquema de transferencia temporal del negocio fiduciario de CIBanco —que representa más de tres billones de pesos administrados— a la banca de desarrollo.
Es de vital importancia destacar que, entre enero de 2022 y abril de 2025, el valor de los bienes administrados mediante fideicomisos en CIBanco creció un 64%, mientras que en Intercam el crecimiento fue del 61% en el mismo periodo.
En conclusión, diversos funcionarios e instituciones no han cumplido con sus obligaciones de prevención, vigilancia y sanción hacia entidades financieras, como bancos y casas de bolsa, presuntamente vinculadas al lavado de dinero. También es preocupante el caso de las “Sofipos”, que de manera sorpresiva se declaran en quiebra, como ocurrió con la Sofipo denominada Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME). La Junta de Gobierno de la CNBV no resolvió oportunamente su intervención general, lo que impidió suspender sus operaciones a tiempo y salvaguardar los intereses de los inversionistas.
El Dr. Julio Jiménez Martínez es Vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados “Foro México”.
