- El Consejo de la Judicatura Federal determinó que hay elementos para iniciar un procedimiento administrativo de sanción en contra de Jacqueline Betancourt Silva.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Por presuntos abusos contra su personal, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó que hay elementos para iniciar un procedimiento administrativo de sanción en contra de Jacqueline Betancourt Silva, juez de distrito que fue electa en la pasada elección judicial para repetir en el cargo.
Herbert Torres Coello, titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, emitió el informe de presunta responsabilidad administrativa contra la juzgadora, así como contra 13 de sus subordinados.
Al mismo tiempo, turnó a la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF el expediente contra la juzgadora y los demás presuntos implicados, para que inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa.
“Constan elementos suficientes para establecer, con un elevado grado de certeza, la existencia de falta administrativa y del nexo de atribuibilidad respecto de la jueza Jacqueline Betancourt Silva, en su actuación como titular del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región”, señala.
“Por lo que con fundamento en el artículo 128 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, se emite Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa”, dice el resolutivo suscrito por el titular de la UGIRA, el pasado 26 de junio.
El año pasado la juez Betancourt manifestó públicamente que la reforma judicial terminaría con el Estado de derecho y que era una forma de totalitarismo que tomaría el país; este año se inscribió en el Comité de Evaluación del Poder Legislativo para contender como juez mixta en la elección judicial.
Betancourt compitió en el distrito 1 del circuito judicial 2, en el Estado de México, donde se disputaron tres cargos de juez de distrito mixto, y logró ser electa, siendo la segunda más votada.
Arantxa Ramírez Villafuerte obtuvo 231 mil 267 votos; Betancourt, 146 mil 433, y Alejandra Sapién Cottrill, 142 mil 514.
De acuerdo con el dictamen de la UGIRA, existen indicios para iniciarle a Betancourt un procedimiento por conductas como privar de la libertad a un secretario, expulsar de su oficina a subordinados con el uso de la fuerza pública, acoso laboral y amenazar a miembros del personal con cesarlos o iniciarles procedimientos y denuncias.
Así como tomar represalias contra quienes presentaron quejas en su contra ante el CJF, revisarle a su personal los teléfonos celulares, intervenir en el desahogo de diligencias sin cumplir con las normas y obstruir la visita extraordinaria enviada a su juzgado para indagar las quejas en su contra.
Concluye que también hay elementos para iniciarles un procedimiento administrativo de sanción a los secretarios Alejandra Sapién Cottrill, Dulce Patricia Martínez Bonilla, Juan José Techachal Guerrero, Rocío Citlaly López Villalobos y Areli Joset Sánchez Solorio.
Igual que a los funcionarios del mismo cargo Sonia Serrano Vértiz, Luis Alberto Palma Osorio, Jesús González Flores, Raúl Ortiz Ramírez, Armando Said Peralta Suárez, Manuel Alejandro Saucedo Verdoza y Laura Patricia Jaramillo Jiménez y el actuario José Torres Ibarra.
El caso relacionado con la privación de la libertad de un funcionario habría ocurrido el 25 de mayo de 2023, según la denuncia, cuando la juez llamó a su privado al secretario Julio Esteban López Ruiz, con quien ya tenía algunos roces, y con el apoyo de sus cinco guaruras, la juzgadora le impidió salir de su despacho.
