- Fiscales federales están sentando las bases para presentar cargos penales contra empresas e individuos que intenten evadir los aranceles estadounidenses.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
WASHINGTON, EU.- Fiscales federales están sentando las bases para presentar cargos penales contra empresas e individuos que intenten evadir los aranceles estadounidenses, mientras el presidente Donald Trump se prepara para imponer una nueva ronda de gravámenes la próxima semana.
Funcionarios aduaneros estadounidenses han tratado durante mucho tiempo de frustrar intentos de evitar los aranceles mediante esquemas relativamente comunes, como cambiar el país de origen de las importaciones o clasificar incorrectamente los productos en los formularios.
Sin embargo, históricamente estos casos se han manejado con multas o acuerdos civiles, y rara vez mediante procesos penales.
Pero ahora, el Departamento de Justicia afirma que está sumando “personal significativo” a una nueva unidad enfocada en el fraude comercial y otros delitos corporativos.
Mientras tanto, funcionarios en distintas oficinas de fiscales federales solicitaron registros de transacciones con bienes extranjeros realizadas durante la administración Biden, con el objetivo de construir casos que podrían servir de modelo para actuar contra quienes se sospeche que eluden los nuevos aranceles.
“Aunque algunos actos negligentes o errores administrativos podrían manejarse mejor en el ámbito civil, la aplicación penal es apropiada para violaciones significativas de la ley”, dijo Matthew Galeotti, jefe de la división criminal del Departamento.
“Cuando los importadores hacen trampa, por ejemplo, subvalorando bienes o mintiendo sobre el país de origen, evitan pagar el costo total de importar productos a Estados Unidos”.
El esfuerzo del Departamento de Justicia está alineado con la promesa de Trump en abril de aplicar consecuencias “muy severas” para quienes infrinjan los aranceles que está imponiendo a nivel global.
No está claro cuánto progreso se ha hecho en investigar posibles evasiones a los aranceles de su administración. Las investigaciones pueden tomar muchos meses, y algunos de los nuevos aranceles se impusieron hace sólo unas semanas, con más programados para comenzar el 1 de agosto.
Funcionarios estadounidenses afirman que la evasión de aranceles puede costarle al gobierno miles de millones de dólares al año en ingresos perdidos. Los fiscales están analizando sectores como el acero, aluminio, textiles y bienes de consumo, indicó Galeotti.
El esfuerzo incluye una unidad contra el fraude financiero que ahora tiene como objetivo a empresas que eluden derechos aduaneros.
Según personas familiarizadas con el tema, los fiscales investigan posibles violaciones tanto de aranceles impuestos durante la administración Trump como de otros previos a su toma de posesión en enero.
Algunas oficinas de fiscales fuera de Washington han solicitado recientemente información sobre envíos pasados y comunicaciones entre empresas y sus cadenas de suministro durante la administración Biden, según fuentes que pidieron no ser identificadas.
Los fiscales suelen depender de agencias como Investigaciones de Seguridad Nacional y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) para que les presenten casos graves de evasión arancelaria que puedan justificar cargos civiles o penales.
CBP también parece haber intensificado su escrutinio sobre las empresas sujetas a aranceles más altos.
Ana Hinojosa, exalta funcionaria de aduanas y que ahora asesora a empresas en temas comerciales, dijo que algunos de sus clientes han recibido recientemente solicitudes “muy específicas” por parte de CBP sobre la clasificación de mercancías y relaciones entre vendedores y compradores.
“Es el tipo de trabajo previo que hacen cuando sospechan que una empresa, en el mejor de los casos, cometió un error o, en el peor, un fraude”, explicó Hinojosa.
Trump ha implementado un arancel mínimo del 10 por ciento sobre todas las importaciones, con algunas excepciones. Hay un impuesto del 30 por ciento sobre productos de China y un gravamen del 50 por ciento sobre todas las importaciones de acero y aluminio, además de amenazas persistentes de aranceles más altos contra socios comerciales importantes como la Unión Europea y México.
Esos nuevos aranceles se suman a las medidas antidumping ya existentes, lo que crea una motivación para que las empresas intenten reducir su carga tributaria, según Hinojosa. Pero algunas estrategias pueden cruzar el límite legal y derivar en responsabilidad civil o incluso penal, agregó.
“El fraude comercial también priva a los contribuyentes de miles de millones en ingresos y reduce los fondos disponibles para servicios públicos importantes”, dijo Galeotti.
Añadió que este tipo de fraude también puede facilitar la evasión de sanciones y controles de exportación, especialmente por parte de entidades extranjeras hostiles a los intereses de Estados Unidos.
*Con información de la agencia Bloomberg
