- La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó, en Palacio Nacional, la 51ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó, en Palacio Nacional, la 51ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, acompañada de su gabinete de seguridad y los 30 gobernadores del país.
El encuentro sirvió para protocolizar la adhesión de las entidades federativas al nuevo Sistema Nacional de Seguridad, un paso que busca homologar y aplicar de manera integral el paquete de leyes aprobadas durante los primeros meses de su administración.
La mandataria precisó que esta medida no implica una nueva estrategia, sino la consolidación de un marco legal que redefine las bases de la política de seguridad en México.
“Se trata de adherir a las entidades al sistema que hemos construido, homologar las reglas y garantizar que las leyes aprobadas a nivel federal se apliquen de manera uniforme en todo el territorio nacional”, explicó Sheinbaum ante los mandatarios estatales.
El eje central de este modelo está conformado por seis reformas de gran calado:
Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública.
También crea un Consejo Nacional de Inteligencia, encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y operado por el Centro Nacional de Inteligencia.
Su objetivo es profesionalizar la investigación y el uso de inteligencia para enfrentar delitos de alto impacto.
NUEVA LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Sustituye a la normativa de 2009, criticada por su rigidez. El nuevo marco busca modernizar la coordinación interinstitucional y dotar de mayor flexibilidad a las autoridades locales y federales.
REFORMAS A LA LEY DE LA GUARDIA NACIONAL
Establecen a la Guardia Nacional como una fuerza permanente de seguridad pública, con jerarquía similar a las Fuerzas Armadas, pero con funciones civiles y bajo mando ministerial.
LEY GENERAL CONTRA LA EXTORSIÓN
Una de las más relevantes en el contexto actual: permite la investigación de oficio de este delito, sin necesidad de denuncia formal, y articula brigadas especializadas con apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera. Busca atender un crimen que se ha expandido en todo el país y que con frecuencia no se denuncia.
Igualmente autoriza un acceso más amplio del Estado a bases de datos, lo cual ha generado debate por posibles vulneraciones a la privacidad.
A la par, se formaliza el Consejo Nacional de Seguridad, bajo la coordinación de Omar García Harfuch, pieza clave en la estrategia.
Reformas adicionales incluyen disposiciones en telecomunicaciones, lavado de activos y desaparición forzada. Además, se creó la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, para modernizar procesos estatales mediante digitalización y fortalecer capacidades institucionales.
IMPACTO Y CRÍTICAS
El gobierno federal sostiene que este paquete legal permitirá enfrentar con mayor eficacia delitos que han permeado la vida cotidiana, como la extorsión.
La centralización de la inteligencia y la coordinación entre estados y federación son presentadas como herramientas indispensables para contener la violencia.
La sesión en Palacio Nacional cerró con el acuerdo de los 30 gobernadores presentes de adherirse plenamente al nuevo sistema.
En palabras de Sheinbaum, este paso busca garantizar que no existan vacíos legales ni discrepancias normativas entre las entidades y la Federación.
El mensaje político es claro: la estrategia de seguridad de Sheinbaum se consolida como un modelo nacional centralizado en inteligencia, coordinación y fortalecimiento institucional, con respaldo legislativo y el compromiso formal de los estados.
