- La oposición a la construcción de los desarrollos MAIIM y Adamar no parece responder únicamente a preocupaciones ambientales, sino a la defensa de un negocio turístico millonario ya establecido, Casa Priakos.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
TULUM, Q. ROO. – En el corazón de la Riviera Maya, la Bahía de Solimán se ha convertido en escenario de una batalla jurídica que, aunque se presenta como una lucha por la defensa del medio ambiente, esconde intereses mucho más complejos.
El conflicto en torno a la construcción de los desarrollos inmobiliarios MAIIM y Adamar ha llegado hasta los tribunales y el escándalo mediático, pero detrás de los litigios se perfila un objetivo central: el control del negocio turístico en una de las franjas costeras más codiciadas y redituables de México.
Ubicada a escasos 20 kilómetros de Tulum, la Bahía de Solimán es reconocida por su arrecife, sus aguas tranquilas y su condición de hábitat de especies marinas como la tortuga carey. Su belleza natural la convirtió en un imán para inversionistas que, desde hace dos décadas, han impulsado residencias privadas y villas de lujo bajo el modelo del alquiler vacacional.
En este contexto se levanta Casa Priakos, una villa de cinco dormitorios que encarna la lógica del negocio turístico en la zona: exclusividad, lujo y tarifas que oscilan entre 2,900 y 5,000 dólares por noche, con una ocupación mínima de cinco días. Esto significa ingresos cercanos a 1.5 millones de pesos en una sola estancia de temporada baja, un rendimiento que explica el celo con el que se protege este tipo de propiedades frente a cualquier proyecto que pueda significar competencia.
Detrás de esta dinámica destacan dos nombres: Bill Priakos y Antonella Vázquez Cavedón. Vinculado durante décadas al negocio deportivo en Estados Unidos, Priakos es señalado como propietario de Casa Priakos y como uno de los opositores más visibles a los proyectos MAIIM y Adamar.
Versiones locales lo acusan de privatizar de facto un tramo de playa pública y de haber colocado retenes con personal armado para controlar el acceso. Al mismo tiempo, sus críticas a desarrollos vecinos se sustentan en un discurso ambientalista que contrasta con su propio modelo de negocio, basado en la exclusión y la explotación turística de alta gama.
Por su parte, Vázquez Cavedón es su aliada en esta lucha y se presenta como presidenta de la asociación civil DMAS, que ha promovido amparos y denuncias contra diversos proyectos en Tulum y Cancún.
Sin embargo, documentos públicos la vinculan como apoderada legal de compañías extranjeras con intereses inmobiliarios y como prestadora de servicios legales a inversionistas internacionales a través de la firma Fidati, lo que ha alimentado las sospechas de un activismo ambiental al servicio de agendas privadas.
EL FRENTE JUDICIAL
Los desarrollos MAIIM y Adamar han sido objeto de clausuras y litigios bajo el argumento de no cumplir con requisitos ambientales, particularmente por su cercanía a zonas de anidación de tortugas marinas.
No obstante, tanto su equipo legal como las autoridades municipales han confirmado que ambos proyectos cuentan con licencias de construcción vigentes desde 2022, lo que evidencia una pugna entre permisos locales y resoluciones judiciales promovidas por asociaciones civiles.
Este choque de argumentos ha colocado a los tribunales en el centro del debate, al tiempo que el gobierno federal ha señalado la existencia de un “ambientalismo simulado”, utilizado para frenar desarrollos estratégicos o proteger intereses económicos extranjeros disfrazados de causas ecológicas.
El caso de Bahía de Solimán ilustra un fenómeno recurrente en el Caribe mexicano: la disputa por el control territorial bajo narrativas de sustentabilidad. Mientras algunos actores defienden la preservación de ecosistemas, en la práctica se mantienen esquemas de privatización y exclusión que benefician a un reducido grupo de inversionistas.
En ese sentido, la oposición a MAIIM y Adamar no parece responder únicamente a preocupaciones ambientales, sino a la defensa de un negocio turístico millonario ya establecido. El contraste entre villas privadas de alto lujo y nuevos proyectos en regla pone de relieve un trasfondo económico que va más allá de la conservación.
Lo que ocurre en Tulum es más que un choque entre ambientalistas y desarrolladores. Es la disputa por un mercado turístico exclusivo que mueve millones de dólares y que, bajo la fachada del ecologismo, se traduce en una lucha por el control de un territorio estratégico.
La Bahía de Solimán, con su belleza natural y su potencial económico, se ha convertido en un tablero donde se enfrentan intereses extranjeros, capitales privados y narrativas ambientales, dejando abierta la pregunta: ¿quién defiende realmente el medio ambiente y quién defiende el negocio?
