- Organizaciones de la Sociedad Civil advirtieron que la SCJN podría afectar el acceso a la justicia ambiental y los derechos humanos si restringe la legitimación activa de las ONG para presentar amparos.
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CIUDAD DE MÉXICO.- Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) advirtieron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría afectar el acceso a la justicia ambiental y los derechos humanos si restringe la legitimación activa de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) para presentar amparos.
En un comunicado firmado por 32 asociaciones, informaron que está previsto que este jueves el Máximo Tribunal discuta un proyecto de sentencia elaborado por la ministra Yasmín Esquivel.
Propone limitar a asociaciones civiles y organizaciones defensoras del medio ambiente para promover juicios de amparo por violaciones al derecho al medio ambiente sano.
“El proyecto sostiene que es insuficiente el objeto social contenido en el acta constitutiva para acreditar el interés legítimo y acudir al amparo.
“Deja de lado su jurisprudencia respecto de la legitimación con la que cuentan organizaciones en materia de derechos humanos, educación, migración o cultura, cerrando así la puerta a la defensa de derechos colectivos y difusos”, expusieron.
El proyecto, acusaron, no sólo va en contra de criterios previos establecidos por la Corte, sino también del Acuerdo de Escazú, del que México es parte, que obliga a garantizar el acceso efectivo a la justicia en asuntos ambientales, así como, a eliminar las barreras para que toda persona, grupo u organización pueda defender el derecho al medio ambiente.
“Restringir la legitimación de las asociaciones civiles y de los colectivos contradice el espíritu de este tratado y vulnera el principio de no regresión ambiental”, afirmaron.
La presentación de este proyecto, advirtieron, se da en medio de la discusión en el Congreso de la modificación a la Ley de Amparo para limitar el interés legítimo y restringir la posibilidad de suspender actos de autoridad.
“La SCJN retoma un caso de 2021 para fijar un criterio restrictivo, que va en contra del principio de progresividad y que puede tener efectos devastadores en la defensa del medio ambiente, los derechos humanos y la participación ciudadana”, consideraron.
“En los hechos, esta coincidencia entre el poder judicial y el legislativo apunta a reducir los espacios de control ciudadano sobre el poder público y debilitar los mecanismos de protección constitucional”.
Entre las organizaciones firmantes están Artículo 19 México y Centroamérica, Causa Natura, Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Centro de Derechos Humanos Ñu´u Ji Kandii “Tierra del Sol”, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
