- Arrancan este lunes audiencias entre la Suprema Corte y organizaciones de personas con discapacidad para discernir si deben, o no, ser consultados antes de aprobar cualquier ley que afecte sus derechos.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
CIUDAD DE MÉXICO.— Por primera vez en la historia del país, personas con discapacidad y organizaciones que las representan expondrán directamente ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sus puntos de vista sobre cómo deben aplicarse las leyes que afectan sus derechos.
El máximo tribunal anunció la realización de la primera audiencia pública sobre derechos de las personas con discapacidad, un hecho sin precedentes que busca dar voz a quienes durante años han sido objeto de políticas diseñadas sin su participación.
Las sesiones se llevarán a cabo los días lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de octubre, de 12:00 a 16:00 horas, y serán transmitidas en vivo desde el sitio web de la Corte.
Participarán representantes y colectivos de Hidalgo, Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Ciudad de México y Veracruz, seleccionados entre decenas de solicitudes enviadas en respuesta a la Convocatoria 1/2025.
El ejercicio tiene su origen en un criterio emitido por la anterior Suprema Corte en 2019, que estableció que toda ley o norma que incida directamente en los derechos de las personas con discapacidad debe ser consultada previamente con ellas; de no hacerlo, esa disposición puede ser declarada inconstitucional.
Dicho criterio fue considerado un avance histórico, pues reconoció el derecho de las personas con discapacidad a participar activamente en los procesos legislativos que las afectan.
Sin embargo, en meses recientes algunos ministros han planteado revisar ese estándar para determinar si la consulta debe ser obligatoria en todos los casos o solo cuando las personas interesadas lo soliciten expresamente.
La respuesta a esa duda —que será debatida tras las audiencias— podría redefinir el alcance del derecho a la participación y a la consulta previa, pilares del reconocimiento constitucional de la inclusión.
UNA AUDIENCIA QUE ROMPE BARRERAS
La acción de inconstitucionalidad 182/2024, promovida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, es el motivo formal de esta audiencia.
En ella se impugnan diversos artículos de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de esa entidad, bajo el argumento de que se aprobaron sin consulta a personas con discapacidad.
Pero más allá del caso particular, el ejercicio se ha convertido en una plataforma para que las propias personas con discapacidad expongan las barreras estructurales que enfrentan en el acceso a la justicia, la educación, la salud y el empleo, así como los ajustes razonables que exigen a las instituciones públicas.
La Corte informó que se implementarán medidas de accesibilidad y asistencia personal, además de intérpretes de lengua de señas, formatos en braille y apoyos tecnológicos para garantizar la participación plena de quienes intervendrán en las sesiones.
“Esta audiencia es un ejercicio de apertura, diálogo y respeto al principio de igualdad sustantiva”, señaló la Corte en un comunicado. “Todas las voces serán escuchadas antes de resolver”.
DEL DISCURSO A LA PARTICIPACIÓN REAL
Colectivos consultados consideran que esta audiencia marca un antes y un después en la relación entre el Estado y la comunidad con discapacidad.
Por primera vez, el debate jurídico no se centrará solo en tecnicismos, sino en las experiencias de vida de quienes enfrentan diariamente los efectos de normas que, aunque bien intencionadas, no siempre responden a sus necesidades reales.
Organizaciones de distintos estados han pedido que este modelo de diálogo se institucionalice para que ninguna política pública sea aprobada sin la participación de los sectores afectados.
“La consulta no es un trámite, es un derecho que transforma la manera en que se hace justicia”, señalan los colectivos.
UNA NUEVA CORTE, UN NUEVO ENFOQUE
Para la llamada Nueva Suprema Corte, encabezada por una integración renovada desde agosto pasado, este ejercicio representa también un mensaje político y simbólico: la justicia no puede ser plena si no es inclusiva y participativa.
Al abrir sus puertas a las personas con discapacidad, añadió el comunicado, la Corte no solo escucha —reconoce—. Y con ello, da el primer paso hacia una justicia verdaderamente para todas y todos.
