- El ayuntamiento de Isla Mujeres y el gobierno de Quintana Roo realizaron una inspección y procedieron a la clausura de desarrollos irregulares en la Zona Continental.
STAFF / LUCES DEL SIGLO
ISLA MUJERES, Q. ROO.- El ayuntamiento de Isla Mujeres en coordinación con el gobierno de Quintana Roo, a través de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable de Quintana Roo, puso en marcha un operativo de inspección y clausura de desarrollos irregulares en la Zona Continental.
El objetivo del plan es garantizar un crecimiento urbano ordenado y dar seguridad jurídica que también prevenga los fraudes a la ciudadanía.
El ayuntamiento de Isla Mujeres, a través de la dirección de Desarrollo Urbano, confirmó que en el primer día de esta revisión se realizaron cuatro clausuras.
La medida sancionatoria se dio en los predios denominados Xibalbá, Kukulkán, Isla Continental y El Ramal, al presentar irregularidades relacionadas con la venta de lotes sin la autorización debida.
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Este programa continuará de manera permanente, con el objetivo de inhibir la venta ilegal de terrenos, proteger a las y los ciudadanos de posibles fraudes y ordenar el crecimiento urbano de la Zona Continental.
“Estamos trabajando en estrecha coordinación con el gobierno del estado para frenar estos asentamientos irregulares y proteger el patrimonio de las familias”, destacó el director de Desarrollo Urbano del municipio, Marcos Alfonso Velázquez Cabrera.
Por su parte, el gobierno estatal reforzó los trabajos, insistiendo en que no se permitirán asentamientos irregulares en ninguno de los municipios de Quintana Roo, y menos en Isla Mujeres, donde el crecimiento urbano es exponencial.
Las autoridades municipales recordaron que muchos de estos desarrollos no cuentan con permisos, licencias ni factibilidad urbana, por lo que hicieron un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por supuestas ofertas de terrenos, recordando que toda compra debe realizarse únicamente en zonas debidamente autorizadas y con la documentación legal correspondiente, que garantice la seguridad jurídica de las y los compradores.
